Febrero 17 de 1940

El ordenamiento enfoca la drogadicción como un problema de salud pública y no sólo como un delito a perseguir por la policía. Al efecto, crea un monopolio estatal para la venta de fármacos prohibidos, los cuales serán distribuidos a los adictos a su costo. Así también se pretende combatir el narcotráfico, infiltrado ya en los ámbitos políticos y policíacos, pues los adictos ya no tendrán necesidad de recurrir a la compra ilícita de fármacos.

Según Juan Alberto Cedillo (La cosa nostra en México 1938-1950): “El cerebro detrás de esa medida fue el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, un respetado investigador médico que se desempeñaba como director del Departamento de Salubridad Pública. Sin embargo, Washington consideró las medidas de Salazar como un "peligro" para Estados Unidos y comenzó a cabildear ante el gobierno mexicano para que fuera removido de su cargo. Primero intentaron desprestigiar al funcionario, quien tenía estudios de medicina en la Sorbona de París y gracias a sus investigaciones como neurólogo y en la psiquiatría era considerado el Pasteur mexicano". Salazar planeaba legalizar su siembra y cobrar un impuesto a los agricultores, como sucedía con el tabaco, porque sostenía que la mariguana no era una droga adictiva, que era inofensiva y que no producía los daños que se le atribuían. Se fundamentaba en una serie de investigaciones que realizó con 400 presos en cárceles de la ciudad de México, en el hospital psiquiátrico "La Castañeda", y hasta con los miembros del Comité Nacional de Drogas Narcóticas y fumando personalmente mariguana en público, para demostrar que no sucedía nada "anormal".

Conforme al nuevo reglamento, durante un breve tiempo, los médicos podrán recetar drogas a los adictos, principalmente morfina; los adictos debidamente registrados ante las autoridades, podrán adquirir drogas en cualquier farmacia de la capital del país con la receta de su médico, a los precios que el Estado mexicano pagaba por ella. El Departamento de Salud supervisará la cantidad suministrada para que los farmacéuticos sólo puedan vender drogas para fines terapéuticos y creará dispensarios para atender a los toxicómanos, a quienes no considerará delincuentes sino enfermos; el primer dispensario para drogadictos comenzará a operar en la calle de Versalles de la ciudad de México y atenderá a unas 700 personas.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos considerará peligroso el nuevo reglamento, porque, según él, podría propiciar una invasión de droga desde la frontera sur, y presionará para que sea suspendido y para que su autor sea destituido de su cargo; asimismo gestionará que la Oficina Central Permanente del Opio, con sede en Ginebra, imponga un embargo de medicamentos a México.

Ante estas presiones del gobierno norteamericano, se suspenderá el reglamento el 3 de julio de 1940, pretextando que la guerra en Europa provocaba grandes dificultades para la adquisición de las drogas.

Concluye Cedillo: “A partir de entonces regresó el modelo policíaco que perdura hasta nuestros días”.

Doralicia Carmona. Memoria Política de México.