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Autora: Doralicia Carmona Dávila.

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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Manifestación contra los libros de texto gratuitos

2 de Febrero de 1962

En Monterrey; Nuevo León, la Unión Neolonesa de Padres de Familia realiza una gran manifestación para protestar en contra de la “imposición” de los textos gratuitos. El origen del descontento es la protesta de libreros e impresores que consideran lesionados sus intereses y la actitud asumida por la iglesia que valiéndose de grupos reaccionarios y conservadores, siguen disputando al Estado el control de la educación.

Desde que surgieron los libros de texto gratuitos, ha habido grandes protestas de los sectores conservadores de la sociedad sobre todo por su carácter laico; otros, en cambio, lo hicieron por su expresión genérica en la imágenes que mostraban a las mujeres en roles tradicionales.

El 30 de enero de 1960, la Comisión Revisora de Libros de Texto y de Consulta publicó la lista de los libros aprobados para el ciclo que se iniciaba y sólo incluía los textos para el quinto y sexto grados; los de primero al cuarto grado, serían repartidos entre febrero y abril del año en curso en todas las escuelas primarias, fueran oficiales o particulares. A los pocos días, el anuncio de la SEP sobre el carácter obligatorio de los libros de texto gratuito, levantó gran polvareda y se dieron movilizaciones de grupos que protestaban en contra de la política educativa del Estado. “En buena medida esta agitación reflejó la antigua rivalidad entre el Estado y la Iglesia por el control del sistema educativo” dice Greaves Laine (Política Educativa y Libros de Texto Gratuitos. Una Polémica Entorno al Control por la Educación).

La discusión fue iniciada por el maestro Valentín Zamora Orozco, autor, editor y distribuidor de sus propios textos el 7 de febrero de 1960 al publicar una carta abierta en Excélsior, secundada por otros autores de textos escolares, libreros y editores que protestaron por el carácter único y obligatorio de los textos; la prensa señaló que la medida afectaba a la industria editorial y que era anticonstitucional.

Cuatro días después, la Sociedad Mexicana de Autores de Libros Escolares manifestó en un desplegado que la Comisión no tenía facultades para prohibir el uso y la venta de libros y acusaba al Estado de tratar de uniformar “el pensamiento de una generación de acuerdo con las ideas de unos cuantos autores”. Luego, autores de textos comerciales –en virulenta reacción- dijeron que eran antipedagógicos y que un mismo “libro no podía emplearse indistintamente con alumnos de escuelas rurales, urbanas o particulares, diurnas o vespertinas y que… la imposición de los textos gratuitos había convertido a la Secretaría de Educación en un “nuevo Tribunal de la Inquisición”.

Ante la reacción, la SEP reiteró la obligatoriedad de los textos y dio a conocer las sanciones penales y administrativas para quienes boicotearan el proyecto de los libros de texto gratuitos: “Los maestros que trataran de impedir el uso de los libros de texto gratuitos… se exponían a cárcel, multa, destitución e inhabilitación para desempeñar puestos federales. Las escuelas particulares tampoco escapaban a estas sanciones; se les recordaba que de acuerdo con la Ley Reglamentaria del artículo 3º, la SEP podía retirarles la concesión que se les había otorgado”.

La Unión Nacional de Padres de Familia, se unió a las protestas de la Sociedad de Autores y agregaron que la medida era antijurídica, antidemocrática y antipedagógica; además, no reconocía a la SEP las facultades para imponer en las escuelas particulares como obligatorios y exclusivos, los libros elaborados por la CONALITEG. Cuando el movimiento adquirió fuerza, el Partido Acción Nacional se unió al rechazo de los libros de texto gratuitos y “trató de aprovechar la coyuntura y convertirse en el centro de un poderoso frente opositor al régimen vigente. Sus denuncias entonces giraron en torno al autoritarismo y antidemocracia del proyecto de los libros de texto gratuitos”. El 29 de julio de 1960 la Barra Mexicana de Abogados señaló que la obligatoriedad de los textos únicos era anticonstitucional e ilegal.

Pocos fueron quienes abiertamente apoyaron el uso de los libros de texto gratuito y criticaron la actitud de maestros, autores de libros y editores y reiteraron el carácter democratizador y los beneficios de los libros de texto gratuito; entre ellos, un grupo de intelectuales y la Alianza Popular de Padres de Familia -vinculada a la CNOP-. Entretanto un conflicto sindical impedía “una movilización masiva del magisterio en apoyo al gobierno”.

A partir de agosto de 1960, cambió el tono del debate que hasta entonces se había limitado a las autoridades educativas y a un grupo de intereses particulares; comenzó una campaña de propaganda contra el poder del Estado que argumentaba la violación a las libertades individuales y señalaba la postura antirreligiosa del comunismo. “La polémica dejaba de concentrarse en el aspecto ideológico y se transformaba en una disputa de carácter político”. Entonces el presidente López Mateos declaró que los maestros podrían recomendar, sin carácter obligatorio, libros complementarios y de consulta para incorporarlos a las listas aprobadas por un cuerpo de pedagogos designados para formularlas. Sin embargo, se mantuvo el nuevo centro de la protesta: la injerencia del Estado en la educación; entonces se utilizó el argumento de la libertad de enseñanza y se agregó al debate el cuestionamiento del carácter laico de la educación.

Pese a que los libros de texto gratuitos beneficiaban a la mayor parte de la población, la iglesia católica se manifestó en contra y encabezó a grupos conservadores de sectores privados y del poder económico que pretendían limitar la intervención estatal en la educación -valiéndose de la Unión Nacional de Padres de Familia, cada vez más beligerante-. El presidente de la Asociación, Ramón Sánchez Medal, pidió el 12 de marzo de 1961 la reforma al artículo tercero Constitucional y que se garantizara la libertad de enseñanza.

Fue entonces cuando Torres Bodet declaró, según cita Greaves Laine, que “los libros de texto gratuito no estaban fuera de la legalidad ya que la Ley Reglamentaria de 1942, en su artículo 118, confirmaba la autoridad de la SEP en la formulación de planes y programas de estudio y métodos de enseñanza para la educación primaria, secundaria o normal y para cualquier tipo o grado dedicada especialmente a campesinos y obreros. Y el artículo 61 declaraba que la enseñanza primaria sería en su contenido mínimo, igual en toda la república”. Para Torres Bodet, los libros de texto gratuito, habían sido escritos “dentro de una voluntad positiva de unión patriótica, sin pasiones y sin rencores, además de que su distribución gratuita contribuía no sólo a aumentar la inscripción sino también a combatir la deserción escolar”.

Para apoyar a la SEP se movilizaron los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, de obreros y campesinos. Hubo también grupos de intelectuales y de otros sectores que aprobaron la determinación del Estado. Para entonces, el conflicto ya tenía alcance nacional y se hacían manifestaciones de protesta en Puebla, Guadalajara y Morelia; se dieron enfrentamientos, pues los opositores a los textos confiscaban los libros y los quemaban.

Es así como este 2 de febrero de 1962, en Monterrey; Nuevo León, la Unión Neolonesa de Padres de Familia hace una gran manifestación, a la que acuden más de cien mil personas vinculadas a organizaciones católicas, al PAN, a la banca y la industria, así como trabajadores y obreros, “todos ellos bajo la consigna ‘¡México sí! ¡Comunismo no!"”.

Como resultado de esta manifestación, la SEP negociará con representantes de padres de familia; el diálogo será suspendido al quedar claro que los impugnadores desconocían el contenido de los textos; las autoridades educativas retomarán las palabras del presidente López Mateos y declararán que “las condiciones de obligatoriedad de los libros no implicaba que fueran únicos o exclusivos” y que quienes tuvieran posibilidades económicas podían “comprar libros de texto complementarios para sus hijos, siempre y cuando fueran autorizados por la SEP”. A partir de entonces, las protestas se irán calmando y dejará de ser cuestionada la obligatoriedad de los libros de texto gratuitos.

Durante la gestión del presidente López Mateos, el presupuesto federal para educación pasará del 15.8% en 1958 al 23% en 1964. La matrícula se incrementará el 60%; se duplicará la de la educación preescolar; se reformarán los planes y programas de estudio de educación primaria, secundaria y normal; se alfabetizará a más de un millón de adultos y el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio promoverá la formación, actualización y titulación del magisterio en servicio.

Los efectos positivos del Plan de Once Años, perdurarán debido a la continuidad que le otorgará el presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.