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Edicion 2017

Edición Web Limitada

Autora: Doralicia Carmona Dávila.

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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En la comunidad de Acteal, en el municipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas, son acribillados 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños

22 de Diciembre de 1997

A las 10:30 de la mañana en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, 300 desplazados miembros del grupo pacifista Las Abejas son atacados por un grupo de cincuenta hombres ( otra versión señala noventa paramilitares del grupo Máscara Roja) que porta armas de alto poder y usan balas expansivas. Del ataque, que dura siete horas, resultan 45 indígenas tzotziles muertos y 26 heridos, la mayor parte de ellos mujeres y menores de edad; sus cuerpos son mutilados con machetes. Los sobrevivientes señalan a los paramilitares de “Desarrollo, Paz y Justicia” como responsables de matanza. Sin embargo, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, atribuye el ataque a disputas entre grupos locales tras formarse el Concejo Municipal Autónomo de Polhó. Otra versión, señala que los grupos paramilitares organizados por el gobierno federal, estatal y municipal para hostigar a la población simpatizante del  Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cometieron la matanza para, posteriormente, causar enfrentamientos entre los indígenas y así poder justificar el ataque en contra de los zapatistas.

Durante los meses anteriores a la masacre, organismos no gubernamentales habían denunciado varias veces a las autoridades estatales, federales y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el clima de tensión y violencia en el municipio de Chenalhó; les alertaban insistentemente que había que tomar medidas preventivas urgentes, pues temían una tragedia. Sin embargo, los funcionarios de los gobiernos federal y estatal respondían que las alarmas eran infundadas y que las denuncias se originaban en la mala voluntad y el deseo de desprestigiar al estado.

Veinte días antes, el 2 de diciembre de 1997, organismos de derechos humanos se reunieron, con el Gobernador y otros funcionarios estatales, a quienes pidieron que atendieran a los desplazados por la violencia paramilitar en Chenalhó, Sabanilla y Tila. Durante la reunión, el Gobernador, Ruiz Ferro, negó que hubiese tales grupos paramilitares y dijo que el único grupo armado era el EZLN. En su intento por detener la violencia, grupos y asociaciones de derechos humanos y miembros de la CONAI, iniciaron negociaciones con las autoridades del municipio constitucional, el municipio autónomo y Las Abejas, el 4 de diciembre de 1997 en Las Limas, Chenalhó; pero el esfuerzo de acercar las partes hacia un diálogo, fue infructuoso pues fueron saboteados por las mismas autoridades.

El 10 de diciembre siguiente, la CNDH pidió al Gobierno del Estado que tomara medidas a favor de personas desplazadas en el municipio de Chenalhó, -en un lapso menor a 30 días, la CNDH, había emitido dos recomendaciones al gobierno de Ruiz Ferro-, e investigara otros hechos de sangre ocurridos el mes anterior. Tanto a estas recomendaciones como las de otros de organismos no gubernamentales se les hizo caso omiso y “el gobierno del estado… mantiene su política de no aceptar que existen unos 6 mil desplazados --la mayoría de la Sociedad Civil Las Abejas y simpatizantes zapatistas-- en cinco comunidades de Chenalhó”.

El 11 de diciembre, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento constitucional y el Consejo Municipal Autónomo de Chenalhó acordaron un pacto de no-agresión y respeto mutuo y que seguirían las negociaciones. Al día siguiente, 12 de diciembre, el Gobierno de Chiapas ofreció ayuda humanitaria para los 6 mil desplazados, la cual fue rechazada. Desde Nayarit el Presidente Zedillo censuró a los que se atrevían a rechazar su ayuda… En el ínterin, continuaban las emboscadas y las quemas de casas. Las negociaciones fueron suspendidas el 19 de diciembre. Al día siguiente, 20 de diciembre, Antonio Vázquez Secum, supo que los victimarios de su hijo -recién fallecido- Agustín Vázquez Secum, eran de Acteal, reunió a familiares y a gente de la comunidad Miguel Utrilla-Los Chorros… les pidió apoyo para vengar la muerte con el grupo armado de dicha comunidad e invitó gente de comunidades vecinas. Todo indicaba que las autoridades federales por los servicios de inteligencia en Chiapas sabían lo que ocurriría… El 21 de diciembre, un grupo armado se trasladó a las comunidades de Acteal Alto y Quextic, ahí organizaron el ataque. Algunos de los asistentes fueron a Acteal para informar de la agresión a los pobladores, los cuales permanecieron en el lugar… Y es que no tenían a donde ir, dijeron: “no tenemos ningún delito, no tenemos por qué correr… ¿dónde nos vamos a ir si ya somos refugiados?”.

Finalmente, este aciago día 22 de diciembre de 1997, los tzotziles están reunidos en la ermita, llevan muchas –algunas fuentes dicen que tres días- horas de ayuno total, oran por la paz. Mientras, los victimarios llegan a Acteal Centro, vestidos unos de color azul marino o negro, otros con ropa normal; usan algunos como distintivo un paliacate rojo en la cabeza o en el brazo; portan armas de fuego de diferentes calibres; se distribuyen alrededor de la ermita de Acteal Centro, y a las diez y media de la mañana, desde los cerros circundantes inician los disparos por la parte baja de dicho templo, para posteriormente, llegar al lugar en que se encuentran reunidos los miembros de Las Abejas, y sin mediar palabra alguna, efectúan disparos contra ellos; al tratar de refugiarse, los agredidos corren hacia una parte en la que existe una zanja o accidente de terreno, hasta donde hasta donde llegan los agresores y hacen disparos, privando de la vida a 45 personas y lesionando a 25 más.

Hermann Bellinghausen, enviado de La Jornada, reporta: “Los grandes helechos desgarrados, la vegetación arrancada, los trapos, las huellas, la sangre, los hoyos, los espinosos cardos arrastrados muestran el rumbo de la multitudinaria huída… iban los bebés, rodando con sus mamás… los niños cayéndose y corriendo… otros cargando a los heridos… No dejaban de echarles disparos, pero hasta esta barranca no se aventuraron los paramilitares. Les bastó con rematar en una cueva a los que allí se refugiaron y a dejar la primera hondonada del río sembrada de cadáveres, atrapados en el sitio”. No todos los atacantes traían el rostro cubierto… los sobrevivientes conocen sus nombres. Saben que esos “muchachos que se hicieron malos” son de Acteal, Chimix y de Polhó…”  el periodista refiere que entre las víctimas está Rosa Gómez –embarazada-, cuando cayó moribunda en la explanada del campamento, sus asesinos llegan hasta ella para rematarla con un cuchillo, “que uno le sacó su niño y lo tiró allí nomás”. A Juana Vázquez, primero la mataron y luego la robaron, “dice un joven mostrando una bolsa de red. Lo traían los paramilitares y salió este chamaquito y le dijeron a dónde vas, y él dijo voy al baño, y le dijeron ten esta bolsa… de la red salen dos naguas de mujer, un huipil primoroso y un cinturón bordado en rojo. El tesoro de la bordadora lo llevaban de botín…”

Una hora después que la balacera había empezado, Fray Gonzalo Ituarte, O. P., miembro del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos “San Bartolomé de las Casas” es informado desde la caseta telefónica de Acteal que se escuchan disparos y que algo grave pasa. Ituarte se comunica con Homero Tovilla Cristiani, Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, para informarle lo que sucede y solicitar su urgente intervención. Tovilla le asegura que no ha recibido algún reporte y que se hará cargo del asunto. Luego, por la tarde, éste contesta la llamada a Fray Gonzalo y le comenta que todo está en calma; que notificó a la “Policía de Seguridad Pública que estaba destacamentada [a 200 metros del lugar de los hechos] en el lugar y que no había encontrado ninguna evidencia de enfrentamiento, ninguna casa quemada, ningún problema en la región… reforzamos la vigilancia y seguimos pendientes”. Los vecinos de Acteal también alertan a la PSP de la balacera, Romo Cedano puntualiza que “según la recomendación 1/98 de la CNDH los servicios del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional (CISEN) estaban trabajando en la zona y ya habían informado al Secretario de Gobierno, Homero Tovilla antes de la llamada del Fray Gonzalo que ya había varios muertos en Acteal”.

Al conocerse la masacre, la primera reacción del gobernador es la de negar enfáticamente el hecho e implementar un operativo coordinado por el subsecretario Uriel Jarquín Gálvez y por el exprocurador Jorge Enrique Hernández Aguilar, cuyo objetivo principal -según denunciará después el concejo autónomo zapatista de Polhó- es “borrar los rastros de los muertos para poder manejar a su antojo el número de decesos”. Solamente reconocen que hay cinco heridos leves.

Al atardecer, el Ejército federal desplaza a cientos de efectivos a Chenalhó, en vehículos militares y civiles; batallones fuertemente armados suben a Los Altos. Poco después de las 20:00 horas de este día, el Ministerio Público hace un llamado a la Cruz Roja para avisar que “había enfrentamientos”; a las 23:30, las unidades 162 y 158 de la delegación de la Cruz Roja de San Cristóbal y una de Tuxtla Gutiérrez se movilizan hacia la zona, hacen un reconocimiento y encuentran los cuerpos sin vida y mutilados con machetes en un barranco. Otras seis unidades de la Cruz Roja y un vehículo se integran a las tareas de rescate. No pueden comunicarse de inmediato a la base porque les han robado el repetidor de radio -ubicado en el Cerro del Tzontehuitz-. Así que hasta la madrugada del día siguiente, a las cuatro de la mañana, la delegación de la Cruz Roja Mexicana en San Cristóbal hará pública la información de su hallazgo y recibirá la instrucción de rescatar los cadáveres, una vez que el Ministerio Público haga las diligencias correspondientes. Según el informe de la Cruz Roja, “se levantaron un bebé, 14 niños, 21 mujeres y nueve hombres”. Esta información, hará que el gobierno estatal modifique su versión. Para ese momento, además de los muertos, se reportan cinco desaparecidos.

En la madrugada del día siguiente, Jorge Enrique Hernández Aguilar, titular del Consejo Estatal de Seguridad y el subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín, sin hacer peritaje ordenarán el traslado de los cadáveres -los amontonan en el camión 2651 usado para transportar armas y personal de policía-, y la limpia de casquillos y ropas ensangrentadas. Hernández Aguilar afirmará que están en el lugar para ayudar a la población y se quejará de la falta de confianza. Hacia las siete de la mañana concluirán la “limpieza” “y los funcionarios acompañaron los cadáveres al Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez”.

En la cancha de basquetbol de la comunidad, policías del estado y Fuerza de Tarea vigilan… están a varios cientos de metros del lugar de la masacre. Otros, en su tarea de revisión entran a las casas, rompen los candados y las saquean.

Según el informe de la CNDH, hay graves y múltiples deficiencias en la indagatoria que “redundan en la imposibilidad técnica de la ubicación precisa de los tiradores, las posiciones víctima-victimario y la mecánica de producción de los hechos, lo que… dificulta el descubrimiento de la verdad histórica y legal… Una de estas omisiones fue la falta de aplicación de una adecuada metodología forense en el levantamiento de cadáveres, en las ropas, en las lesiones, en el número de orificios de entrada y salida, entre muchos otros. Los dictámenes de necropsia resultaron deficientes, insuficientes y vagos por lo que carecen de los fundamentos técnicos-científicos aceptados internacionalmente para estos casos”.

El 24 de diciembre de 1997, la comisión de seguimiento del Congreso Nacional Indígena (CNI) pedirá al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia, la desaparición de poderes en Chiapas; también juicio político contra el presidente Ernesto Zedillo y Julio César Ruiz Ferro, gobernador de Chiapas, “por ser responsables directos de la impunidad e ingobernabilidad que han creado en esa entidad”; que se adopten medidas inmediatas para detener “las centenas de asesinatos que sólo en este año han ocurrido en tierras chiapanecas”; castigo ejemplar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos y atención inmediata y eficaz para la víctimas. Por la noche, de este mismo día, los cuerpos serán velados y sepultados en una fosa colectiva cavada en lo que fue el refugio de los desplazados de Acteal.

El 26 de diciembre siguiente, más de 3 mil 500 desplazados saldrán hacia un refugio de Polhó. Las crónicas de los diarios referirán que “el gobierno federal descubrió que había hambrientos, enfermos y marginados en esta parte del país, gracias a las fotos que circularon en todo el mundo”.

Por su parte, “el Ejército Mexicano redobló el número de efectivos que mantiene en la cabecera municipal de Pantelhó --ubicada a escasos tres kilómetros de Acteal, en el municipio de Chenalhó; el número de agentes de la Policía de Seguridad Pública del estado, triplicado; sin embargo y a pesar de eso, el grupo armado de priístas amenazó hoy con atacar la comunidad de X'Cumumal”.

Culmina así, sangrientamente, la ofensiva contraguerrilla del presidente Zedillo.

Domingo Pérez Paciencia, presidente del consejo autónomo de Polhó, expresará su sentir, respecto al significado del hecho: “la masacre del lunes en Acteal es la guerra del gobierno contra las comunidades indígenas, esto es lo que nos da el gobierno en vez de reconocer nuestros derechos… Llamamos urgentemente a toda la sociedad civil, nacional e internacional, para que se organice y obligue a que se desarme inmediatamente a los paramilitares, pero que sea supervisado por organismos nacionales e internacionales. También para que salga inmediatamente la Policía de Seguridad Pública porque son cómplices de los paramilitares”.

A fines de diciembre, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, declarará que la culpa de la matanza de Acteal había que buscarla en la creación de gobiernos autónomos por parte de los zapatistas y que el gobierno “irá a las causas del conflicto e investigará a quien promueve los consejos municipales paralelos (autónomos)”. En el mismo sentido, se pronunciará el presidente de la organización de iglesias evangélicas y el obispo de Tapachula. Díaz Polanco se pregunta “¿las ‘culpas’ del autonomismo zapatista explicaban, o quizás justificaban, los actos de Acteal? En todo caso, lo que hasta aquí quedaba claro era que, para diversos sectores chiapanecos y para el gobierno federal, lo de Acteal se relacionaba estrechamente con un hecho evaluado por ellos en forma negativa: el proceso autonómico impulsado por los zapatistas”.

El 29 de diciembre de 1997, la dirección zapatista señalará que la legitimidad de los “gobiernos indígenas autónomos” deriva de “las comunidades que los nombraron y a las que sirven” y que su legalidad “está contemplada en los acuerdos de San Andrés...y por lo tanto tienen sustento jurídico”. Dos días después, el 1º de enero de 1998, la secretaría de Gobernación dirá que “esos consejeros autónomos no derivan de ningún procedimiento legal, asumen facultades arbitrariamente seleccionadas y las ejercen en territorios arbitrariamente delimitados”. Comenta Díaz Polanco: “los argumentos de tipo jurídico, por sí solos, son de poca ayuda para comprender o evaluar procesos sociopolíticos como el de las autonomías practicadas por los indígenas chiapanecos… el razonamiento legalista, centrado exclusivamente en las formalidades del derecho, resulta vacuo, pues no atina a iluminar las implicaciones profundas de procesos que se sitúan precisamente al margen o en los linderos de las formalidades legales porque éstas resultan demasiado estrechas y alejadas de la realidad del país”. Por otra parte, “todo indica que el equipo oficial jamás ha entendido o asumido claramente que los Acuerdos de San Andrés son más que un mero arreglo entre partes… Se olvida que tales acuerdos fueron el fruto de negociaciones realizadas por mandato de una ley federal. Esto es, se pretende pasar por alto que: 1) la "Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas", aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial el 11 de marzo de 1995, determinó las partes que debían sentarse a negociar, y definió al EZLN como "una organización de ciudadanos mexicanos"; 2) la misma ley estableció que, con la parte negociadora llamada EZLN, el gobierno debía buscar "un acuerdo de concordia y pacificación", encaminado a alcanzar "una solución justa, digna y duradera al conflicto armado", y 3) la ley comprometió al gobierno a pactar bases para atender "las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensuadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico’”.

Por lo tanto, los acuerdos firmados tienen ya un fundamento jurídico, ya son materia jurídica, con independencia de la voluntad o los deseos de las autoridades del gobierno… “los acuerdos obligan jurídicamente al gobierno y es la ley la que le impone su pleno cumplimiento. El hecho de que todavía no se conviertan en parte de nuestra Carta suprema no cambia las cosas. Decir que el fundamento jurídico de los acuerdos no es tal porque, haciendo caso omiso de éstos, una de las partes (el gobierno, por cierto) no ha hecho lo que le corresponde para que resplandezcan en la Constitución, es una fórmula marrullera. En este sentido, y a propósito de incumplimientos por parte del gobierno, habría que recordar un viejo principio: una parte no puede alegar en su favor lo que es fruto de su propia falta.”

Ante la indignación de la opinión pública, el 3 de enero de 1998, Emilio Chuayffet Chemor renunciará a la Secretaría de Gobernación y será remplazado por Francisco Labastida Ochoa. El 5 de enero siguiente, Carlos Marín, reportero de la revista Proceso, develará la existencia de un plan de contrainsurgencia militar para crear conflictos sociales, así como para provocar la inducción de desplazamiento de poblados. Dos días después, Julio César Ruiz Fierro, gobernador interino chiapaneco, renunciará a su cargo, el cual será asumido por Roberto Albores Guillén.

Como resultado de las investigaciones fueron aprehendidos y condenados 56 indígenas como responsables materiales e intelectuales de la matanza de Acteal, los cuales fueron recluidos para cumplir sus sentencias en El Amate, la cárcel estatal chiapaneca en Cintalapa.

Años antes de la tragedia, en diciembre de 1992, surgió el grupo civil Las Abejas, de filiación católica, como una organización neutral que busca la paz. Tras el levantamiento zapatista, unidos para producir y vender sus artesanías en un local del campamento de desplazados en Acteal -convertido en su centro organizativo y base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)-, participaron activamente en contra del uso de las armas. Desde entonces, sufrieron una serie de acosos, agresiones, emboscadas, chantajes, atentados, presiones, saqueo y quema de sus casas, desplazamientos y amenazas por ser simpatizantes del EZLN; así como ataques, asesinatos, despojos, “expropiaciones”, exigencias de “impuesto de guerra”, detenciones, violaciones, secuestros, enfrentamientos, reclutamientos forzados a uno u otro bando, por parte de los grupos paramilitares o por la policía; vejaciones todas, negadas sistemáticamente por las autoridades.

“Desarrollo, Paz y Justicia” grupo paramilitar y contrainsurgente de religión evangélica, tiene como uno de sus líderes a Jacinto Arias Cruz, presidente Municipal y cacique de Chenalhó; su centro de operaciones está situado en el ejido Crucero. Adherido al PRI y a Solidaridad Campesina Magisterial, surgió a principios de 1995, luego de los primeros encuentros de negociación entre el EZLN y el gobierno federal en San Andrés Larráinzar; se relaciona con grupos policíacos y paramilitares. “Desarrollo, Paz y Justicia” tiene por objetivo atacar a sus opositores: la iglesia católica (teología de la liberación), organizaciones no gubernamentales, PRD y simpatizantes del EZLN; también cometen crímenes al interior de sus filas para mantener la disciplina interna; la violencia que ejerce -sistemática e intensa- ha provocado el desplazamiento de miles de indígenas tzotziles; sus delitos cometidos bajo el amparo de funcionarios de diversos niveles, quedan impunes. Además de ellos, operan en la zona otros grupos paramilitares: Máscara Roja, Chinchulines, Alianza San Bartolomé, Fuerzas Armadas del Pueblo, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, Degolladores y la Brigada Tomás Munzer.

“Desarrollo, Paz y Justicia” -identificada por los sobrevivientes como responsable de la matanza de hoy,- fue financiada por Julio César Ruiz Ferro, gobernador sustituto de Chiapas desde el 14 de febrero de 1995. Días antes que asumiera el cargo, había sido publicada la identidad de los dirigentes del EZLN por el presidente Zedillo y se habían librado órdenes de aprehensión en su contra, por eso, con el pretexto de cumplimentarlas, Ruiz Ferro inició una ofensiva militar contra las comunidades bases de apoyo del EZLN.

Corren versiones que el 2 de julio de 1997, en Tuxtla Gutiérrez se reunieron Ruiz Ferro y el diputado priísta Samuel Sánchez Sánchez, fundador y máximo dirigente de “Desarrollo, Paz y Justicia”; dos días después, Ruiz Ferro entregó a Samuel Sánchez el equivalente de 450 mil dólares en moneda nacional, a cambio de que no cometieran actos violentos antes, durante y después de la jornada electoral que se realizaría cuatro días después; formalmente, el destino supuesto de ese dinero, era apoyar a sus comunidades, pero en realidad eran para el entrenamiento de los cuerpos paramilitares, todos entrenados por los kaibiles guatemaltecos. Juan Balboa, entonces corresponsal de La Jornada en San Cristóbal de Las Casas, refiere en una de sus notas (La Jornada Michoacán, diciembre 9 de 2005) que dicho convenio tuvo como testigo al general DEM Mario Castillo, comandante de la VII región militar, quien fue relevado de Chiapas el 10 de noviembre de 1998. El reportero aclara que esta información no fue desmentida.

Natividad Gutiérrez señala (“Violencia estructural y masacre genocida en los pueblos indígenas de Chiapas (1997) y Oaxaca (2002)”) que la presencia de los paramilitares, intensificó la tensión social y que debido a su intención de desalentar la expansión de la guerrilla del EZLN, la situación se agudizó por los “retenes armados, control de caminos, credencialización de comunidades para ‘autorizar’ el libre tránsito, privación ilegal de la libertad, instalación de mesas de ajusticiamiento, prohibición de ingreso de catequistas y sacerdotes a municipios enteros, amenazas de muerte a individuos y a comunidades, violaciones a menores, golpizas a hombres y mujeres… ataques con bombas molotov, provocación de desplazamientos y abandono de comunidades, impedimento del retorno de población desplazada, asesinatos, tomas de templos católicos”… Describe que los miembros de “Paz y Justicia” operan vestidos “con uniformes similares a los de la Policía de Seguridad Pública y han sido transportados por vehículos y helicópteros de la misma corporación policíaca”; portan armas de uso exclusivo del ejército; se presentan en grupos de 40 a 300 personas provenientes de distintas comunidades tales como Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal.

Los “desplazados”, son indígenas que huyendo de sus comunidades de origen debido a la incursión de elementos armados, identificados como priistas y paramilitares, han tenido que refugiarse en comunidades vecinas o en las montañas; en su mayoría son zapatistas que integran la Sociedad Civil de las Abejas; también hay priístas que han tenido que salir por su inconformidad con las políticas violentas de su partido; viven en condiciones paupérrimas y de angustia por las constantes amenazas y hostigamiento del Ejército, la Seguridad Pública Estatal y los paramilitares.

Héctor Díaz Polanco (“México: Acteal y la autonomía”) al hacer un análisis del hecho motivo de esta efeméride, refiere que “los informes indican que los asesinatos se inscriben en la estrategia contrainsurgente diseñada por el gobierno desde tiempo atrás”; que dicha estrategia ha fallado y además, le da otra lectura “la matanza como intento fallido de detener la lucha autonomista de los pueblos indígenas de Chiapas”. Sitúa el trágico hecho en el contexto de las transformaciones impulsadas por el zapatismo: “sobre todo desde 1996, mediante el establecimiento de las autonomías de hecho, concretadas en la configuración de gobiernos autónomos municipales y regionales. En Chiapas se produjo una rebelión el 1º de enero de 1994; en la segunda mitad de 1997, los síntomas de que se estaba gestando una revolución en las zonas de influencia del zapatismo ya eran evidentes. El principal motor de esta revolución en marcha eran, sin duda, los gobiernos autónomos”. Cuando se aletargan las negociaciones entre el Estado y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el gobierno continuó con sus desordenados programas asistenciales y su "plan de campaña" contrainsurgente mientras que el EZLN, comenzó a aplicar los Acuerdos de San Andrés – sabían que el gobierno no los cumpliría-. Los municipios “en rebeldía” comienzan a transformarse desde 1995 en “municipios autónomos”, a organizarse las “regiones autónomas” y surgieron los “parlamentos regionales autónomos” y a fines de 1997, había, según refiere Díaz Polanco, “casi cuarenta municipios autónomos” que disputaban la legitimidad política y las funciones de los gobiernos "oficiales". Con esto, al modelo de dominación nacional en las zonas indígenas oponían la autonomía de los gobiernos de filiación zapatista.

En respuesta, a partir de la segunda mitad de 1997, el Estado intentó detener el proceso de “callada revolución” y comenzó una serie de violentas reacciones en Los Altos de Chiapas, pues los “consejos autónomos eran vistos como amenaza”. “No se trataba de pleitos familiares o de enfrentamientos inter o intracomunales, sino de los fragores de una contienda entre dos proyectos… el desarrollo de una estrategia zapatista de autonomías de facto es un factor interviniente y detonador de la matanza del 22 de diciembre. Dado que, además, el proceso autonómico zapatista se realizaba bajo una interpretación amplia del modelo de autonomía contenido en los Acuerdos de San Andrés, los efectos del mismo comenzaban a configurar elementos de cambios inquietantes… Así, los zapatistas no sólo alentaban la construcción de las autonomías sin esperarse a su declaratoria legal, sino que además las construían a una escala supracomunal que atacaba directamente la organización del poder local y regional establecido”.

A casi doce años de la tragedia, el 12 de agosto de 2009, a instancias del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); la agrupación Alternativa Ciudadana 21, encabezada por el académico y periodista Ricardo Rápale, y por el doctor en historia Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó amparo y por lo tanto, concedió la libertad de 20 de los inculpados por la matanza de Acteal porque consideró que las pruebas que fundaron su enjuiciamiento fueron obtenidas de forma ilícita. “Definido en términos formales, el fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia sobre los presos por homicidio de 45 personas en Acteal es una resolución ejemplar, -señala el periodista y abogado Miguel Ángel Granados Chapa,- porque reivindica los principios del debido proceso... Salvo porque los ministros no dieron vista a la PGR sobre la probable comisión de delitos por quienes actuaron de esa manera, y porque dejaron viva la cuestión de quiénes asesinaron a los mártires de Acteal, puesto que dejaron libres a los acusados de hacerlo, la resolución sería perfecta...Porque casi doce años después es verdad jurídica inalterable que no hay culpables de aquel crimen...”

A raíz de la liberación de esos 20 detenidos, Luís Hernández Navarro, columnista de La Jornada concluye:

“La masacre no fue un hecho aislado o fortuito, producto de la revancha de facciones indígenas enfrentadas por problemas comunitarios. No fue un enfrentamiento. En Chiapas hay una guerra, y no hay actividad humana más planificada que ésta. Acteal fue una acción bélica que respondió a su lógica profunda: la intensificación del conflicto, la que subyace, según Clausewitz, cuando dos ejércitos se enfrentan y ‘deben devorarse entre sí sin tregua, como el agua y el fuego, que jamás se equilibran’.

La estrategia gubernamental estaba trazada de antemano. Inmediatamente después de la masacre el Ejército amplió su presencia en Chiapas con más de 5 mil efectivos adicionales, y autorizó su participación en ‘la prevención de nuevos hechos violentos’. Se trasladaron hacia las Cañadas tropas destacadas en Campeche y Yucatán, al tiempo que se instalaron nuevos campamentos en la región de los Altos. Se quiso tender un nuevo cerco militar al zapatismo, un nuevo cordón sanitario, para tratar de frenar su expansión y el funcionamiento de los municipios autónomos.

Esta lógica quedó al descubierto en los meses posteriores. La guerra sucia contra el zapatismo siguió su curso sangriento. Acteal fue el banderazo de salida para acrecentar la ofensiva bélica. Fuerzas combinadas de diversas policías y ejércitos atacaron violentamente los municipios de Taniperlas, Amparo Aguatinta, Nicolás Ruiz y El Bosque, hasta que el 6 de julio de 1998, en Chavajeval y Unión Progreso, las fuerzas represivas toparon con pared.”

Para el escritor Carlos Montemayor, la decisión de la Suprema Corte de liberar a los presos por los hechos de Acteal, es el paso que asegura la impunidad de ese crimen de Estado. Para José Saramago, premio Nobel de Literatura, “el problema de la justicia no es la justicia, sino de los jueces. Acteal es una prueba más.”

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.