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Autora: Doralicia Carmona Dávila.

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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Guadalupe Victoria decreta la expulsión del país de todos los españoles residentes

20 de Diciembre de 1827

De acuerdo con este decreto (Ver Documento), deben salir del territorio nacional en un lapso no mayor de seis meses y quedan exceptuados los casados con mexicanas, que hagan vida marital; los que tienen hijos no españoles; los mayores de sesenta años; los impedidos físicamente; los que hubieren prestado servicios a la causa de la independencia; y los profesores de alguna ciencia, arte o industria. Queda establecido que esta ley se hará efectiva en tanto el gobierno español no reconozca la Independencia de México.

La conspiración para la reconquista española de México del monje dieguino español Joaquín Arenas, de sirvió de pretexto para expulsiones de españoles y venganzas contra los partidarios de Iturbide.

El hecho ocurre en medio de las turbulencias originadas por los conflictos entre “yorkinos” y “escoceses”; pero, en el fondo, la medida es contra comerciantes, eclesiásticos y militares para impedir la consolidación de una oligarquía económica, política y hasta racial. H. D. Sims (Descolonización en México), refiere que “el movimiento expulsionista de 1827-1828, fracasó tanto en alcanzar su designio de arrojar de México a todos los españoles como en su carácter de medida para proteger la independencia de México. En realidad, puso en grave peligro la independencia nacional al proporcionar tanto oficiales como soldados para las fuerzas españolas que participaron en la invasión emprendida desde La Habana a mediados de 1829. Tampoco logró fortalecer la economía de la nación, lo cual había sido una de las ilusiones de los primeros proponentes de la expulsión, sino que al contrario, México quedó muy gravemente debilitado tanto físicamente como en su comercio exterior. Además de los cambios económicos, la “gente decente” vio con profundo temor la destrucción de las garantías sociales. El clero que se quedó en el país, se encontró con que la iglesia ya no podía desempeñar su papel tradicional de guardiana de las garantías sociales, porque los nativistas, en realidad, habían declarado la guerra a la elite social tradicional, y los que quedaban. Los que en el decenio de 1830-40 surgieron como defensores de los fueros tradicionales y de las propiedades de la iglesia, eran gente decidida a impedir en el futuro cualquier ataque sobre los derechos y privilegios heredados de la tradición. A pesar de todo, la cuestión de los españoles seguiría viva hasta que, por fin España otorgó a México el reconocimiento de su independencia en 1836 [...].”

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.