12 de Diciembre de 1998

Protegida por granaderos y bajo el amago de violencia de deudores de la banca organizados en “El Barzón”, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con 325 votos a favor (de priístas, panistas y la independiente Carolina O'Farril); 159 en contra (de PRD, PT, Ecologista, 11 panistas, 7 priístas y 5 independientes), y una abstención (PAN). La nueva ley autoriza que sean los contribuyentes quienes paguen el costo del quebranto financiero estimado en cerca de 600 mil millones de pesos. Un nuevo organismo, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB, respaldará los compromisos que asumió el FOBAPROA, con recursos del erario que el Congreso le concederá anualmente. Según los funcionarios hacendarios, de los 552 mil millones de pesos del anterior FOBAPROA, más de 400 mil millones se convertirán directamente en deuda pública y 150 mil serán sujetos a un proceso de revisión.

Se legaliza así el rescate al sistema bancario que efectuó el presidente Zedillo, quien conforme a la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución y al artículo noveno de la Ley General de Deuda Pública, debió solicitar autorización al Congreso para contraer la deuda.

Durante el acalorado debate entre el PAN y el PRD, en el que poco intervinieron los diputados del PRI, la diputada ecologista Verónica Velasco preguntó. “¿A quién se beneficia? ¿A 550 familias? Y recordó que en el FOBAPROA hay 325 créditos superiores a 20 millones de pesos, que concentran más de 140 mil millones de pesos. ¿Dónde está la protección a los pequeños ahorradores? La creación de una nueva institución no cambia en nada las cosas...la nación sigue siendo deudora de los bancos, y no los bancos deudores de la nación…quien pagará por el rescate 15.7 puntos del PIB y cuyos costos ya están aquí, al tener el gasto programable más bajo de la historia moderna de este país. Su costo tendrá que ser pagado por cuando menos dos generaciones de mexicanos”.

Los priístas que votaron en contra del dictamen fueron: Héctor Castañeda Jiménez, Oscar González Rodríguez, Jorge Cañedo Vargas, María de los Angeles Gaytán Contreras, Jacaranda Pineda Chávez, Manuel García Corpus y Juan Jaramillo, quienes manifestaron que el dictamen no reduce el costo fiscal del programa de rescate de los bancos ni garantiza que el costo se distribuya con justicia entre todos los protagonistas…en cuanto a la capitalización hasta ciento por ciento de los bancos con capital extranjero, contraviene los postulados priístas, porque se cede soberanía en un sector estratégico, además de que no se incorpora explícitamente en el dictamen el programa de apoyo a deudores hipotecarios, rurales y de la pequeña empresa.

Los panistas que votaron en contra fueron: Felipe de Jesús Cantú, Alberto González Domene, Jorge Esparza, Alberto Cifuentes, Eduardo Mendoza Ayala, Benjamín Gallegos Soto, Baldemar Tudón, Antonino Galaviz, Flavio Valdez, Carlos Camacho y Soledad Baltazar Segura. Se abstuvo: Juan Antonio Álvarez. No usaron la tribuna, pero ayer habían dicho a su coordinador: “No seamos una vez más la mano que le da oxígeno a ese cadáver que es el PRI... lo dejamos vivir en el 88, ¿ya no lo recuerdan?, y ahora estamos aquí, dándole otra vez oxígeno a ese dinosaurio''.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD señaló: “Al votar junto al PRI la creación del instituto que sustituirá al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), el PAN resolvió el problema de los banqueros y del gobierno, pero condenó a millones de mexicanos a la pobreza y el hambre…Con tal posición, se mostró como un partido conservador, retardatario y palero, mientras el gobierno del presidente Ernesto Zedillo actuó como un simple procurador para la defensa del capital financiero… el gobierno y el PRI han sustituido el FOBAPROA por un instituto que sólo legaliza operaciones fraudulentas e impide el castigo a banqueros y funcionarios que dilapidaron 650 mil millones de pesos, y ahora tendrán que ser pagados por la población hasta el año dos mil 25”.

Años antes, en 1990, como parte del proceso de reprivatización de la banca, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari creo el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), un fondo de contingencia para enfrentar problemas financieros extraordinarios, como la falta de liquidez del sistema bancario. El FOBAPROA serviría para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras, ante posibles crisis económicas que propiciaran la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos. Era esencialmente un instrumento preventivo, pues la banca estaba aun en poder el Estado.

El 19 de diciembre de 1994, Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público, consultó a los integrantes del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico devaluar el peso un 15%, lo que alertó a los empresarios que comenzaron a sacar sus capitales del país; En menos de un mes las reservas internacionales descendieron de 12,200 millones de dólares a menos de una tercera parte. Además, el nuevo gobierno encabezado por Ernesto Zedillo tenía que enfrentar el vencimiento de TESOBONOS por más de 29,000 millones de dólares. La economía decreció un 7%, la peor caída desde 1936.Ya en abril de 1995, la inflación llegaba al 90% y las tasas de interés se dispararon a la alza a más del 60% anual.

La devaluación y el aumento de las tasas de interés provocaron el sobreendeudamiento de las empresas y particulares que tenían créditos bancarios, los que se vieron impedidos de realizar los pagos convenidos. Fue así que el Gobierno Federal convirtió de hecho al FOBAPROA en un instrumento correctivo y lo aplicó  para absorber las deudas contraídas con los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores, ante una posible quiebra de la banca reprivatizada tres años antes. El argumento principal para efectuar esta operación fue que los costos totales de no haber rescatado a la banca hubieran sido mayores debido al pánico que se pudo haber generado en los mercados financieros; profundizando la crisis iniciada en diciembre de 1994. Conforme a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no había otra opción: “La estatización de la banca, en medio de una crisis macroeconómica, y tomando en cuenta las tendencias predominantes, habría ocasionado en los mercados nacionales e internacionales una reacción negativa que implicaría, sin duda, la profundización de la crisis... El gobierno emprendió acciones para salvaguardar la operación del sistema bancario del país, para proteger el ahorro de los mexicanos y, sobre todo, para proteger a la planta productiva, a la economía en su conjunto y a millones de empleos".

Así, señala José Luís Ávila (La era Neoliberal): “A través del FOBAPROA, el gobierno de Ernesto Zedillo canalizó recursos públicos a los bancos para evitar su quiebra, mientras que miles de tarjeta-habientes y poseedores de créditos hipotecarios eran arrastrados a la insolvencia y renegociación por el drástico aumento de las tasas de interés, la caída del empleo y del salario real, derivada de la crisis misma de la política económica acordada con el FMI para enfrentar la crisis...los resultados de la gestión de la crisis parecían pagarlos quienes no habían generado el descalabro: mientras a costa del erario público los bancos se salvaban -y por ende, el patrimonio de sus dueños-, las capas medias y sectores populares pagaban con desempleo, deterioro del salario real y aumento en 50% del impuesto al valor agregado, entre otros resultados que aumentaron sustancial mente la proporción de hogares pobres”.

A partir de entonces, el FOBAPROA y a sus beneficiarios han sido en uno de los temas más controvertidos de la política mexicana, dado el monto de las operaciones y sus reducidos pero poderosos principales beneficiarios.

Para 1998, el monto de la operación ascendía ya a 552,000 millones de pesos por concepto de cartera vencida que el FOBAPROA canjeó por pagarés ante el Banco de México. Esta ayuda que en su mayor monto benefició a unos cuantos banqueros, empresarios y ahorradores ricos, y cuya menor cantidad se destinó a salvar a los millones de pequeños ahorradores, fue decidida unilateralmente por el presidente Zedillo y equivalía al doble de la deuda pública interna (que creció cuatro veces en tres años), a las dos terceras partes del presupuesto de egresos de 1998 y al 40% del PBI de 1997.

Durante varios meses de 1998, el debate parlamentario sobre el FOBAPROA estuvo suspendido por iniciativa de los partidos de oposición, que demandaban esclarecer previamente sus operaciones. Finalmente, el 14 de septiembre pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública y el Poder Legislativo firmaron un acuerdo para reformar el sistema financiero. Así se convino “crear mecanismos de supervisión más eficientes sobre la actividad crediticia, estudiar la legalidad de las operaciones del FOBAPROA, establecer un marco jurídico para evitar nuevas crisis financieras, castigar a quienes se hayan beneficiado o hayan permitido alguna ilegalidad en las operaciones del salvamento bancario, abatir costos del quebranto financiero, apoyar a pequeños y medianos deudores y buscar la mayor equidad en la distribución de los costos del rescate”. Dentro de este marco, se reanudó el debate parlamentario acerca del FOBAPROA que hoy llega a uno de sus momentos culminantes.

Poco días antes de la sesión de hoy, el grupo parlamentario del PAN se opuso a validar las operaciones del FOBAPROA, porque las operaciones realizadas en dicho fondo "son contrarias a la Constitución y a las diversas leyes aplicables; porque la forma y términos en que se llevó a cabo el rescate financiero son contrarios a los principios justos y equitativos sobre los cuales descansa un rescate de esta índole; porque muchas de sus operaciones han sido celebradas de manera fraudulenta". Sin embargo, su postura cambió por la presión de los dirigentes panistas Felipe Calderón Hinojosa, Carlos Medina Plascencia, Santiago Creel, Fauzi Hamdan y Diego Fernández de Cevallos.

Para el año 2000, el costo del rescate bancario se estimará en más de 900 mil millones de pesos; las auditorías poco ayudarán a limpiar  la compra de deuda irregular o fraudulenta; tampoco se hará pública la información de los beneficiados y ningún funcionario, banquero o empresario recibirá sanción alguna por las omisiones, los errores, las complicidades y fraudes que en alguna medida se cometieron. Los pequeños cuentahabientes, en su mayoría con ahorros menores a cinco mil pesos, salvarán su dinero, pero los deudores de la banca, además de pagar altos intereses, se verán obligados a pagar interés sobre interés para conservar sus bienes, o a perderlos a favor de los bancos, y aun así muchos seguirán endeudados. Los contribuyentes pagarán el rescate bancario por varias generaciones, el gobierno destinará cuantiosos recursos presupuestales al IPAB durante varios años y con este enorme peso financiero, las posibilidades de desarrollo del país se verán seriamente afectadas por varias décadas. La pobreza y la desigualdad, la delincuencia y la economía informal, así como la emigración hacia los Estados Unidos, alcanzarán niveles inusitados.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.