27 de octubre de 1970

Presentada el 10 de septiembre pasado en la Cámara de representantes ante la comisión de comercio presidida por el congresista demócrata Harley  O. Staggers,  fue aprobada el siguiente día 24 y turnada al Senado el 7 de octubre del mismo año. Obtuvo la aprobación de ambas cámaras legislativas el siguiente día 14 de octubre. Hoy es firmado el nuevo ordenamiento legal Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act, por el entonces presidente Nixon.

Desde el año pasado, Nixon había anunciado que el Procurador General John N. Mitchell, prepararía una ley única que integraría las leyes federales existentes para enfrentar más efectivamente los problemas de narcóticos y drogas peligrosas.

La ley obliga a la industria farmacéutica a mantener la seguridad física y un estricto registro de ciertas drogas o sustancias que ahora se sujetan a control, las cuales se clasifican en cinco clases conforme al grado de su potencial de abuso, uso médico permitido, y seguridad bajo supervisión médica. La primera clase es la que comprende el más alto potencial de abuso, carece de uso médico acreditado así como de seguridad.

Se crea así el fundamento legal para la regulación de la producción y distribución de narcóticos, estimulantes, depresivos, alucinógenos y esteroides anabólicos, así como de las sustancias químicas usadas en la manufactura ilegal de las sustancias sujetas a control.

Para hacer cumplir esta ley con mayor efectividad, el 1° de julio de 1973 se creará la agencia federal DEA (Drug Enforcement Administration) dependiente de Departamento de Justicia para combatir el contrabando de drogas y su uso dentro de Estados Unidos, junto con el FBI y la agencia ICE de seguridad nacional en cuanto a inmigración y aduanas en las fronteras.

Casi de inmediato, la DEA iniciará la ejecución de complejos y multimillonarios programas conjuntos en los países donde se produce y por donde transita la droga, muchos de estos en el continente americano, especialmente Colombia y México.

La lucha contra el narcotráfico a nivel internacional, promovida por la DEA, ha provocado en México, a partir del gobierno panista de Felipe Calderón, decenas de miles de muertes violentas y la explosión inaudita de actividades del crimen organizado, como el secuestro y la trata de personas. Sus resultados se han reducido a la captura periódica de capos, sin que se ataquen las ganancias fabulosas del trasiego de drogas, que son su razón de ser, ni la corrupción pública y privada que lo hace posible.

El problema es que los principales consumidores, vendedores de armas y beneficiarios del lavado del dinero resultante del tráfico de estupefacientes son los países desarrollados; en contraste, las naciones pobres producen la droga con ganancias reducidas, ponen los muertos, compran los armamentos, dedican enormes presupuestos para su combate y sufren las violaciones a sus derechos humanos, el desplazamiento de comunidades, desapariciones forzadas y corrupción e inestabilidad social y política.

Para muchos la lucha antidrogas es una guerra tan perdida de antemano como lo fue la del consumo de bebidas alcohólicas en los mismos Estados Unidos.

Doralicia Carmona. Memoria Política de México.