23 de Octubre de 1835
En contrapartida al Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824, y atribuyéndose facultades de poder constituyente, el Congreso aprueba las presentes Bases que ponen fin de manera arbitraria al sistema federal de gobierno establecido en la Constitución de 1824, pues en lugar de estados libres y soberanos, disponen la creación de departamentos, cuyos gobernadores serán elegidos por el jefe del ejecutivo; el gobernador de los departamentos estará asistido por un órgano consultivo con funciones económicas, electorales y legislativas llamado junta departamental. El poder judicial local se ejercerá en los departamentos hasta la última instancia, y los funcionarios de este poder serán nombrado con intervención del supremo poder ejecutivo.
Además, las Bases estipulan que la religión católica será de la nación mexicana; el sistema gubernativo será la república representativa popular; el poder se ejercerá por el legislativo, ejecutivo y judicial; el primero dividido en dos cámaras a las que se accederá por sufragio popular; el segundo ejercido por un presidente elegido popular e indirectamente, y el tercero, constituido por una suprema corte de justicia y los tribunales y jueces que establecerá una ley constitucional.
Las Bases fueron elaboradas por una Comisión formada por Miguel Valentín, José Ignacio de Anzorena, José María Cuevas, Antonio Pacheco Leal y Francisco Manuel Sánchez de Tagle,
En los dos últimos años de 1833 y 1834, las reformas liberales emprendidas por el vicepresidente Valentín Gómez Farías con la colaboración del Congreso, causaron tan fuerte oposición de la iglesia católica y del ejército, que tuvo que pedir licencia y el presidente Santa Anna cerrar el Congreso para calmar los ánimos de los grupos de conservadores que proclamaron el Plan Cuernavaca, entre cuyas demandas estaba la de destituir a los diputados que habían aprobado las reformas de Gómez Farías.
Santa Anna pudo mantener el frágil equilibro y evitar el derramamiento de sangre, pero para poder renovar el Congreso y las legislaturas locales, violó varias disposiciones constitucionales y lo más grave fue que permitió que los diputados y senadores elegidos pudieran contar con amplias facultades para actuar. De aquí se generó la idea de que el nuevo Congreso, no sólo reformaría la Constitución de 1824, sino que tendría capacidad para elaborar una nueva con principios distintos.
El 1º de enero de 1835, el nuevo Congreso quedó integrado en su mayoría por liberales moderados y buena parte de conservadores; los liberales radicales fueron excluidos por la campaña de desprestigio que había provocado la difusión del Plan Cuernavaca. Dentro de éstos, por lo menos una cuarta parte eran centralistas, como Francisco Manuel Sánchez de Tagle, José María Cuevas, Ignacio Anzorena, Mariano Michelena, Carlos María de Bustamante, Miguel Valentín y Rafael Berruecos. Sin embargo, al dejar Santa Anna la presidencia al general Miguel Barragán, dejó más debilitados a los diputados federalistas.
Paulatinamente, los centralistas fueron ganado terreno en alianza con los moderados, hasta que el Congreso decretó que tenía, por voluntad de la nación, todas las facultades extraconstitucionales necesarias para reformar la Constitución, manteniendo como único límite el artículo 171, que impedía el cambio de sistema de gobierno.
A lo largo del país, la gente comenzó a ver en el centralismo el remedio a todos los males que le aquejaban, mientras en el Congreso la oposición de los federalistas fue cada vez más débil, de modo que el 9 de septiembre de 1835, se publicó una ley por la que el Congreso general se convertía en Constituyente y las dos cámaras, de senadores y de diputados, se unían en una sola.
A partir de este momento se sucedieron una serie de medidas para transitar sin cambios drásticos del federalismo al centralismo, proceso que hoy culmina con la aprobación de las presentes bases en una especie de “golpe de Estado parlamentario”.
En los próximos meses se elaborarán una a una las siete leyes que integrarán la nueva Constitución centralista. Intervendrán en su formulación, entre otros, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Miguel Valentín, Antonio Pacheco Leal y José María Cuevas, presumiblemente influidos por Lucas Alamán.
Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.
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