13 de enero de 1923

El 11 de enero anterior, monseñor Ernesto Philippi, arzobispo de Bulgaria,  había puesto la primera piedra del monumento a Cristo Rey ubicado en el cerro del Cubilete, municipio de Silao, Guanajuato. El propio delegado apostólico ofreció la indulgencia plenaria a los asistentes a la inauguración del monumento: "Basta con que estéis presentes en este histórico momento, aquí, en el Cerro del Cubilete, y recibáis mi bendición, hijos míos, para que seáis exonerados, gracias a la infinita misericordia de Dios, de cualquier pecado cometido en este Valle de Lágrimas. El Señor se apiade de todos nosotros."  El obispo de San Luís Potosí, Miguel María de la Mora, fungió como el orador principal en la proclamación de Cristo como rey de México.

El acto fue considerado como una violación del Artículo 24 Constitucional que prohíbe el culto externo. Por lo anterior, se le concede al delegado del Vaticano un plazo de tres días para abandonar el país.

En 1920, el obispo de León, Emeterio Valverde Téllez, había erigido en ese mismo cerro un pequeño templo a Cristo Rey y en este año de 1923, el episcopado pretende iniciar la construcción del segundo monumento en esa altura que domina la región.

El gobernador del Estado de Guanajuato, Antonio Madrazo, había sido más laxo respecto al cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales, por lo que al darse los acontecimientos que culminan con la expulsión del obispo Philippi, sin que quedara registrada su intervención, se provocarán serios roces con el gobierno federal del general Álvaro Obregón. Se le acusará de extrema tolerancia y de permitir que sean violadas abiertamente las Leyes de Reforma. En contraste, surgirán las protestas de los grupos católicos que interpretarán el hecho como un atentado a la libertad religiosa.

Philippi había llegado a México en 1921 con el propósito de convenir con el gobierno revolucionario el respeto de los derechos de los católicos. Saldrá del país el próximo día 17 de enero. El episcopado enviará con él un mensaje al Papa: “Sírvase presentar al Santísimo Padre, nuestra pena e indignación, por arbitraria, injusta y despiadada expulsión del Delegado Apostólico, Monseñor Ernesto Filippi. Lamentamos ofensa inferida implorando perdón.”

Desde la caída de Porfirio Díaz, el clero incrementó sus actividades políticas, a través del sacerdote francés Bernardo Bergöend, quien desde 1907 trató de agrupar a los católicos y fundó en 1911 el Partido Católico Nacional, el Centro de Estudiantes Católicos Mexicanos en 1912 y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana ACJM en 1913, cuyo lema ultrasecreto era “La Iglesia contra el Estado”. Asimismo, desde 1905 se promovió a los Caballeros de Colón, de origen norteamericano, una organización de empresarios con capacidad para financiar sus actividades.

Después el clero apoyo financieramente al gobierno de Huerta, por eso, cuando los diputados de la XXVI Legislatura fueron aprehendidos, ningún miembro del Partido Católico llegó a la cárcel de Lecumberri. Asimismo, algunos sacerdotes combatieron contra los constitucionalistas en defensa de la dictadura.

En noviembre de 1914, siete obispos publicaron una carta pastoral en la que se prohibía a los católicos asistir a los mítines o leer publicaciones de la Casa del Obrero Mundial bajo pena de excomunión.

Desde el 24 de febrero de 1917, el clero manifestó su oposición a la nueva Constitución en una carta pastoral colectiva en la que se lee:

 “No pretendemos inmiscuimos en cuestiones políticas. Tenemos por único móvil cumplir con el deber que nos impone la defensa de los derechos de la Iglesia y de la libertad religiosa. En nuestro carácter de jefes de la Iglesia Católica protestamos contra la tendencia de los constituyentes, destructora de la religión, de la cultura y de las tradiciones. Protestamos contra semejantes atentados en mengua de la libertad religiosa y de los derechos de la Iglesia y declaramos que desconoceremos todo acto o manifiesto contrario a estas declaraciones y protestas.”
 
Días más tarde, el arzobispo de Jalisco, Orozco y Jiménez, distribuyó en todas las iglesias y parroquias de su arquidiócesis una carta pastoral en la cual convocó a no acatar la nueva Constitución porque es contraria a la ley de dios. El gobernador de la entidad, José Guadalupe Zuno reaccionó con la clausura de ocho templos, incluyendo la misma catedral.

Además, en franca oposición a la reforma agraria, el clero amenazó de excomunión a los campesinos que aceptaran recibir tierras que habían sido despojadas a los latifundistas porfiristas, y que algunas de las cuales eran realmente de su propiedad.

En los años, siguientes, la acción política del clero se extendió a las asociaciones de trabajadores, como los Operarios Guadalupanos, la Unión Católica Obrera, la Unión Católica de Empleados de Comercio, así como a las organizaciones sociales y educativas, como la Unión de Damas Católicas, la Escuela Salesiana de Artes y Oficios del Espíritu Santo, el Ropero de los Pobres, el Perpetuo Socorro y el Aguinaldo del Niño Pobre.

Por otra parte, gobernadores como Tomás Garrido Canabal en Tabasco, Francisco Múgica en Michoacán y Felipe Carrillo Puerto, radicales anticlericales, mantenían abiertamente una política de enfrentamiento contra la iglesia, a la que pretendían erradicar de sus Estados y estimulaban las agresiones de todo tipo, desde la toma de templos hasta la quema de imágenes de santos.

La competencia por la organización de los obreros provocó un conflicto constante con la Confederación Regional Obrero Mexicana CROM, dirigida por Luís N. Morones, que organizaba periódicos ataques contra los templos y los católicos, desde la bomba estallada el 6 de febrero de 1921 en las puertas del arzobispado de la ciudad de México, las banderas rojinegras colocadas en las torres de la catedral metropolitana y otras tantas catedrales del país, y los disparos contra la sede central de la ACJM, hasta agresiones a los fieles a la salida de las misas, como el ataque sucedido en Guadalajara el 26 de marzo de 1922, que arrojó varios muertos, o la bomba que explotó a los pies de la Virgen Guadalupana en su propia Basílica, y que dio origen a cierre de comercios, fachadas enlutadas y tumultuosas manifestaciones en protesta por el atentado.

En 1922, tuvo lugar el Congreso Nacional de Obreros Católicos, cuyo propósito fue acordar la organización de la Confederación Nacional Católica del Trabajo, una asociación similar a la CROM de Morones. Es en este contexto de confrontación en el que tiene lugar la expulsión del delegado apostólico.

Casi dos años más tarde de la expulsión del delegado apostólico, el 12 de octubre de 1924, al celebrarse actos religiosos fuera de los templos con motivo del Congreso Eucarístico, el gobierno procederá a clausurar dicho Congreso, consignará a los sacerdotes organizadores y expulsará a los extranjeros.

Estos hechos contribuirán a que se agudice el conflicto Estado-Iglesia Católica y en pocos años a que estalle la llamada “Guerra Cristera”.

Doralicia Carmona. MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.