10 de Enero de 1989

Sin una orden de aprehensión, es arrestado por fuerzas armadas del ejército a las 9 de la mañana de hoy en Ciudad Madero, Tamaulipas. Se le acusa de los siguientes delitos: homicidio calificado, acopio y almacenamiento de armas para uso exclusivo del Ejército, introducción ilegal de aeronaves con valor superior a los 10 millones de dólares; evasión fiscal por más de 3 mil 500 millones de pesos y por atentar contra la seguridad nacional.

Sebastián Guzmán Cabrera tomará el mando del sindicato, despachará en el hotel Presidente Chapultepec y pedirá a los trabajadores petroleros que apoyen al régimen salinista bajo la promesa de depurar y democratizar al gremio y devolver su autonomía a las 38 secciones del sindicato en el país.

Dos días antes, el 8 de enero, en el Centro de Convenciones del sindicato, Hernández Galicia había presidido una asamblea de la Sección Uno a la que asistieron doce mil petroleros. Ahí afirmó que había dicho a Salinas de Gortari, que no “permitiría que un solo milímetro de la industria petrolera se entregara a los particulares… iremos a la huelga si se intenta entregar a la iniciativa privada nacional o extranjera los recursos de la nación”. Dijo también tener pruebas contra Mario Ramón Beteta, sobre el alquiler fraudulento de barcos petroleros; pidió que Pemex limpiara su estructura y se diera nueva administración. Al terminar su discurso, puntualizó: “…ayudaremos al gobierno, pero el sindicato petrolero estará siempre en primer lugar, con todos los obreros, con todas las clases populares, con la Patria”.

Además de la denuncia contra Beteta, señaló que preparaba otra sobre el fraude bursátil que implicaba a personajes poderosos; también estaba organizando un foro –que se llevaría a cabo el día 12 de enero- en defensa de la empresa pública.

El mismo día de la detención, varias poblaciones se quedan sin reservas debido al paro generalizado en toda la República en protesta por la detención de su líder. Dejan de laborar cerca de 87 mil 500 petroleros en Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Reynosa y Tula. Asimismo, la Sonda de Campeche suspende la producción de crudo que equivalía al 65 por ciento del total nacional. Al grito de "ni gas ni gasolina, libertad para La Quina” cerca de 20 mil personas procedentes de distintos puntos de la República se manifiestan en el Zócalo capitalino. Entretanto, Hernández Galicia es trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México junto con 19 detenidos más, entre ellos Salvador Barragán Camacho, secretario general del sindicato y allegado personal de “La Quina”.

Aunque existe una declaración en la que “La Quina” acepta la culpa de los cargos que se le imputan, manifiesta que ha sido obligado a base de amenazas. Las autoridades judiciales le dictarán una sentencia de 35 años, misma que –como resultado de una apelación-, le será disminuida a 13 años.

Entre las propiedades del sindicato que Hernández Galicia manejaba se contaban: 30 edificios en Tampico, 30 granjas "proletarias", más de 134 tiendas populares, 300 carros tanque y una flota naval de 15 unidades. También patrocinó obras públicas como decenas de puentes, caminos, urbanización y servicio a tres colonias populares y cinco municipios. Muchos atribuían a Hernández Galicia el progreso de Ciudad Madero. De él dependían miles de empleos y a través de contratos, muchas empresas. Creó a través del sindicato 72 granjas agrícolas, 15 tiendas de consumo con precios más bajos a los del comercio privado, fábricas de ropa y de jabón, gasolinerías, funerarias, clínicas dentales, cines, tiendas de materiales para construcción, talleres mecánicos, refaccionarias, balnearios, hoteles y un “hospital vegetariano”, con restaurante. Le debían el puesto funcionarios locales y estatales en el ámbito de los tres poderes; la mayoría de ellos serán removidos de sus cargos dos días después de su captura.

Joaquín Hernández Galicia, “guía moral” del sindicato petrolero, fue alcanzado por las políticas del gobierno de Carlos Salinas de Gortari respecto al sector energético. La reforma estatal buscaba la “docilización” y reducción del poder corporativo de los dirigentes sindicales. Con estas medidas que ya venían dándose desde el mandato del Presidente Miguel De la Madrid, se trataba de atenuar la protesta obrera por la crisis económica del país, de reducir y racionalizar los subsidios a las empresas estatales y de eliminar las ineficiencias de las mismas generadas por el paternalismo estatal, así como de sustituir la inversión del gobierno por la privada y aumentar la capacidad de obtención de divisas. En 1984, Pemex canceló los contratos de perforación y transporte adjudicados sin concurso al sindicato petrolero y el pago de 2% del costo total de obras concedidas a particulares que recibía para su fondo de beneficio social; ese mismo año, los petroleros añadieron al nombre de su sindicato la palabra “Revolucionario” y al año siguiente, en las elecciones intermedias promovieron el voto a favor de los candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores PST. En enero de 1986, el líder petrolero José Sosa advirtió al presidente De la Madrid: “Si se hunde PEMEX, se hunde usted y nos hundimos todos; se hunde el país”.

Durante la campaña presidencial de 1988, se rumoreó que el sindicato alentaba el apoyo al FDN y circuló profusamente un folleto titulado “¿Puede un asesino ser presidente?” en el que se rescataba el hecho de que Carlos Salinas de Gortari había matado una sirvienta cuando era niño y se cuestionaba que aspirara a ocupar la presidencia de la República; circuló la versión de que dicho folleto era patrocinado por “La Quina”, de modo que la aprehensión del líder, también se interpretará como un ajuste de cuentas. Sin embargo, siempre fue público y abierto el apoyo del sindicato petrolero al PRI, aunque el voto de las zonas petroleras se manifestó a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Por eso la directiva provisional del PRD todavía en formación declaró:

“Está claro que el objetivo nunca fue moralizar y democratizar la organización sindical, lo que sólo pueden hacer sus afiliados por libre decisión, sino quitar estorbos al proyecto neoliberal en Petróleos Mexicanos y evitar que pudieran ser los trabajadores quienes democráticamente tomaran decisiones en su sindicato.

Es preocupante que se utilice al ejército de la nación para resolver un conflicto entre facciones del régimen, desnaturalizando así sus funciones y causando un daño moral a la institución armada. Por nuestra historia y situación geográfica, el orgullo de nuestras fuerzas armadas es ser guardianes y garantía de la integridad territorial y de la soberanía de la nación. Se ofende al militar cuando se le ordena intervenir en las disputas y pleitos entre grupos de poder.”

Entre junio y julio de 1983, el sindicalismo mexicano cuestionó al gobierno, a su reforma del Estado y a su modelo de desarrollo y promovió uno de los movimientos huelguísticos más importantes -comenta Gabriel Pérez (“El sindicalismo mexicano ante las reformas del Estado”)-, mismos actos que el gobierno no perdonó. Además, tanto De la Madrid como Salinas, intentaron debilitar a la CTM, fortaleciendo a otras centrales obreras y con las dirigencias nacionales mantuvieron un trato distante, sin reconocer su representatividad. El sindicalismo así golpeado se mantuvo en una tensa inmovilidad durante los años siguientes y, en el momento crucial del enfrentamiento con La Quina, pudo más su disciplina partidista y su alianza histórica con el Estado. Así la CTM tomó el camino de la negociación cupular abandonando la posibilidad de una lucha frente al gobierno desde esta central sindical.

Rafael Galván (Proceso No. 638) comenta que “La Quina” se agregaría a la lista de traicionados por Fidel Velázquez, el rompehuelgas. La escena del distanciamiento y postrera disolución del poder del líder sindical petrolero, se remonta al miércoles 6 de diciembre de 1984, en el marco de la XVIII convención nacional de los petroleros, acto en el que se dio por terminada una amistad entre los dirigentes, ya cercana a los 30 años, debido a que el discurso y las propuestas de Hernández Galicia comenzaron a rebasar a los de Velásquez. Lo que adquiría trascendencia porque el sindicato petrolero era el más importante de la CTM.

Aunque el 14 de enero de 1989, el dirigente cetemista calificó de arbitraria la detención de La Quina, la primera reacción de protesta se fue atemperando hasta que -agrega Rafael Galván-, la fidelidad de Fidel hacia uno de sus mejores hombres, se rompió cuando el líder de la CTM manifestó el lunes 16: “Aquí no hay amistad que valga”. No sólo eso, añadió: “Estos compañeros —Joaquín Hernández Galicia y Salvador Barragán Camacho— están consignados conforme a Derecho”. Y remató: “La Quina, desde hace tiempo, tenía un grupo armado y ningún régimen anterior se lo evitó”. La traición de Fidel Velásquez y el encarcelamiento del líder petrolero, hacen creer más en un operativo estatal para el desmantelamiento del sindicato y la puesta en marcha de nuevas políticas públicas como el motivo fundamental de la aprehensión de Joaquín Hernández Galicia y sus colaboradores. Responde este hecho a un allanamiento del camino en la tendencia neoliberal de Miguel De la Madrid y Carlos Salinas De Gortari.

Francisco Ortiz Pinchetti (Proceso, No. 638) describe a Hernández Galicia y el poder que alcanzó: “Era, ante todo, un hombre del sistema. Conocía sus reglas y sus secretos. Sabía hacer alianzas, negociar, imponer. Respaldado desde las cúspides del poder nacional —sindical y político— hizo suyo no solamente al sindicato petrolero sino toda una región del país, el sur de Tamaulipas… El cacicazgo de Joaquín Hernández Galicia desbordaba en efecto el control petrolero… apéndice de su imperio era el PRI, sus empleados los dirigentes locales y estatales del partido. Lo eran también los presidentes municipales de Ciudad Madero, Tampico. Aldama y Altamira. Él nombraba jefes policiacos, jueces, agentes del Ministerio Público. Imponía dirigentes obreros y campesinos. Controlaba medios de comunicación, la Universidad, el Tecnológico. Construía caminos, entregaba placas de taxis, pavimentaba calles, financiaba siembras, otorgaba préstamos, castigaba indisciplinas, repartía contratos y canonjías, ayudaba a desvalidos, perdonaba deudas, mandaba golpear disidentes, aprobaba —y condicionaba— gobernadores del estado. Tenía incondicionales suyos en el Congreso local. Designaba diputados federales. Daba órdenes a delegados de dependencias del gobierno federal. Ayudaba económica o políticamente a sindicatos. Edificaba casas. Apoyaba obras pías. Designaba directores de escuelas. Aplastaba enemigos… Tamaulipas era, en la práctica, casi propiedad de La Quina…”

Para Ortiz Pinchetti desmantelar al quinismo “significa destruir estructuras políticas, económicas y sociales de la región e inclusive del estado. Son muchos, demasiados los políticos, funcionarios, dirigentes sindicales, empresarios, colonos, campesinos que deben a él su cargo, su prebenda, su riqueza”.

El luchador social Valentín Campa comentará: “El golpe del 10 de enero no ha sido contra la corrupción en el sindicato petrolero, de la que el gobierno ha sido cuando menos cómplice. El problema principal radica en la contradicción que surgió entre los dirigentes corruptos del sindicato y el gobierno de Salinas, en tanto que la política reaccionaria de éste afectaba a la dirección del sindicato. Los líderes se alarmaron cuando conocieron los planes para fraccionar y privatizar Pemex, que significa subordinarlo al imperialismo. No es casual que el presidente Bush y el embajador Pilliod hayan felicitado desmesuradamente a Salinas por el golpe a La Quina… se juegan, nada menos, los intereses de la nación… Los dirigentes petroleros fueron corrompidos por el gobierno y por la empresa… Hace como seis meses, Hernández Galicia habló contra el Pacto y en plana entera demostró que era para favorecer a los capitalistas…”

Por su parte, Heberto Castillo (“Golpe contra los antiprivatizadores”) dirá que el golpe contra “La Quina” fue una acción planeada por el gobierno “para sacar ventaja de un grupo gangsteril que le estaba creando muchos problemas”, que el sindicato petrolero constituía ya un Estado dentro del Estado y que la medida también está dirigida contra quienes se oponen a la ola de privatización. Castillo dirá también que: “No es que La Quina coincidiera con ideas patrióticas y progresistas: sólo defendía sus intereses… Con la acción del 10 de enero no se abre el camino a la democracia en el sindicato petrolero. No hay apertura, sino un mayor control gubernamental de los sindicatos…”

Joaquín Hernández Galicia “La Quina” saldrá de la cárcel a las 18:30 del 16 de diciembre de 1997 bajo los términos de "libertad preparatoria", lo que implica que estará bajo control de la autoridad judicial según los términos del artículo 84 del Código Penal en materia de Fuero Común. Nacido en Ciudad Madero, Tamaulipas en 1922, morirá a los 91 años, el 11 de noviembre de 2013.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.