Enero 7 de 1907

Mientras los obreros vuelven al trabajo tras varios días de huelga, un grupo de trabajadores inconformes con los acuerdos tomados en la ciudad de México, asumen el control de las puertas de la fábrica y no dejan entrar a nadie. Un grupo de mujeres arroja, con desprecio,  pan y tortillas duras a los obreros que intentan reanudar labores. Alguien arroja una piedra a la fábrica y es seguido por muchos más que hacen lo mismo.

El jefe político de Orizaba, Carlos Herrera, envía un batallón de rurales a contener a los amotinados, pero les impide usar sus armas un grupo de mujeres. Otro grupo de obreros se dirige a la tienda de raya y tras vencer la resistencia, comienza el saqueo y le prende fuego. Otros más liberan a los presos, cortan la energía eléctrica e intentan quemar la fábrica. Entonces llegan los soldados del 13º Batallón y disparan sobre la multitud sin distinción de sexo o edad, pues por igual se masacra a mujeres y niños. El saldo es de 17 muertos y 80 heridos.

Los motines se extienden de Río Blanco a las poblaciones vecinas de Santa Rosa y Nogales, con una conducta similar: la gente ataca tiendas de raya, casas de empeño, cárceles y excepción hecha de las piedras arrojadas a las ventanas, no ataca las fábricas ni agrede a personas.

Por la tarde, los inconformes queman en Río Blanco, la manzana donde vive José Morales, presidente del Gran Círculo de Obreros Libres que aceptó los acuerdos; y se apoderan de armas en las casas de empeño, atacan a los federales y se posesionan de algunas estaciones ferroviarias entre Orizaba y Maltrata. Son desalojados por las tropas al mando del general Rosalino Martínez. El saldo ahora es de 200 detenidos, muchos de los cuales son fusilados inmediatamente en la misma fábrica.

Al día siguiente, continuarán los enfrentamientos con un saldo ya de 140 obreros muertos. El día 9, seguirán los ataques, las aprehensiones y las ejecuciones. Serán fusilados los dirigentes obreros, entre ellos, Rafael Moreno y Manuel Juárez.

El día 11, serán pasados por las armas once rurales culpados de complicidad con los saqueadores.

Finalmente, custodiadas las fábricas por el ejército federal, volverán al trabajo 5,512 obreros de un total de 7,083. Los demás habrán muerto, huido o irán camino al destierro a Valle Nacional, Oaxaca, y a las selvas de Quintana Roo, en donde sometidos a trabajos forzados en ambientes muy inhóspitos, seguramente encontrarán pronto la muerte.

Meses antes, en junio de 1906, los obreros habían constituido el Gran Círculo de Obreros Libres, afiliado secretamente a la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, para oponerse a los abusos del capitalismo y de la dictadura de Díaz. El Círculo comenzó a organizar filiales en siete estados y a publicar los periódicos: “La Revolución Social” y “La Unión Obrera”.

Sin embargo, el problema actual se inició el 4 de diciembre pasado cuando los operarios textiles de Puebla, pararon al conocer el nuevo reglamento de trabajo impuesto por el Centro Industrial Mexicano, que agrupa a los empresarios textiles poblanos, que incluía una jornada de 14 horas, de 6 de la mañana a 8 de la noche, con 45 minutos para comer, la prohibición de visitas y de leer periódicos, el pago por los obreros de los útiles que rompieran y otras prohibiciones y multas similares.

El día 6 siguiente, los obreros,  organizados en el Gran Círculo de Obreros Libres de Puebla, se reunieron en el Teatro Guerrero de Puebla y demandaron otros 45 minutos para almorzar durante la jornada de 14 horas; aumento de cinco centavos por pieza de manta gruesa y de tres por la fina; terminación de labores a las 5:30 de la tarde los sábados y descanso de medio día el 15 de septiembre y el 24 de diciembre; prohibición a los empleados de maltratar a los obreros; prohibición a empleados y maestros de cobrar a los obreros por darles trabajo; ni sanciones ni descuentos por averías en las máquinas u otro motivo; no empleo de aprendices menores de 14 años; supresión de las tiendas de raya; pago de la mitad del salario en caso de accidentes y aumento de 25% para el trabajo en horario nocturno.

Los dueños respondieron con el cierre de  93 de las 150 empresas textiles existentes en todo el país, con el pretexto de estar en balance y tener productos almacenados en exceso. Así lanzaron a la calle a 57 mil hilanderos y tejedores.

Ante la cerrazón de los patrones, los huelguistas aceptaron el arbitraje de Porfirio Díaz, quien el pasado 4 de enero expidió un laudo presidencial que estableció que el día 7 siguiente, se abrieran todas las fábricas con los reglamentos vigentes al tiempo de la clausura o a las costumbres establecidas; que se uniformaran los salarios para labores idénticas, sobre la base de las tarifas mayores, y que las tareas excepcionales se pagaran de acuerdo a convenios específicos; que se pagaran primas para la mayor y mejor producción; y que se estableciera un registro para a cada trabajador de su conducta, laboriosidad y aptitud mediante una libreta personal.

Los patrones cedieron algunas mejoras: creación de un  fondo de auxilio para viudas y huérfanos con el producto de las multas que se impusieran a los trabajadores; no hacer descuentos, permitir visitas en las habitaciones de los obreros;  mejoramiento de las escuelas existentes en las fábricas y creación de escuelas donde no hubiere; cobro a obreros sólo por materiales destruidos y no empleo de aprendices menores de siete años.

Los obreros se comprometieron a no promover huelgas y a presentar reclamaciones de manera personal y por escrito al administrador. Asimismo aceptaron que los directores de sus periódicos fueran nombrados por el jefe político de su localidad.

Ayer se dieron a conocer estos acuerdos a los obreros reunidos en el Teatro Gorostiza de Orizaba, por José Morales, presidente del Gran Círculo. Acuerdos que hoy son rechazados con violencia por los obreros inconformes.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.