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Edicion 2017

 

Autora: Doralicia Carmona Dávila

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

 

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Antonio Ortiz Mena

1907-2007

Hijo de Antonio R. Ortiz, tesorero del Distrito Federal, y de María Mena, nació el 16 de abril de 1907 en Parral, Chihuahua. Su abuelo fue minero y prefecto de Álamos, Sonora, y sobrino de Eduardo Ortiz, subsecretario de Obras Públicas, y de Carlos Ortiz gobernador de Sonora. Estudió la primaria en el Colegio Alemán y en el Colegio Franco-Inglés; posteriormente cursó sus estudios de secundaria y el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria, de donde pasó a estudiar la carrera de Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la que concluyó en 1928. En ambos planteles fue alumno de los "Siete Sabios". También realizó estudios de economía y de filosofía en la UNAM.

Luego de un paso exitoso por el ejercicio privado del derecho, Ortiz Mena dio inicio a una larga trayectoria de servidor público que se volvió exclusiva a fines de esa década, cuando cerró su despacho. Fue asesor en el Departamento del Distrito Federal (DDF) entre 1930 y 1932; luego pasó a jefe del Departamento Jurídico del propio DDF, asesor legal del Procurador General de la República y primer director de profesiones de la Secretaría de Educación Pública; de 1936 a 1945 trabajó en el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas.

Durante la Segunda Guerra Mundial participó en el Comité para la Defensa Política del Continente Americano; también fue jefe del Departamento para la Nacionalización de Propiedades, en la Oficina de la Procuraduría General de la República entre 1940 y 1945.

Otros puestos públicos que ocupó fueron Director del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas entre 1946 y 1952; en el siguiente periodo presidencial 1952-1958 fue director general del Instituto Mexicano del Seguro Social; durante su administración aplicó al Seguro Social los principios de descentralización, subsidiariedad y autogestión; amplió la cobertura del Instituto en todo el país a través de unidades médicas independientes que actuaban como cooperativas autónomas y así cuidaban rigurosamente sus recursos humanos y materiales; erigió unidades de vivienda popular pensadas como espacios generadores de convivencia y creatividad; aseguró el equilibrio financiero mediante la reorganización administrativa y la creación de un plan de inversiones que permitió poner en marcha la construcción de grandes unidades hospitalarias y habitacionales para los trabajadores; también fomentó el desarrollo institucional por medio de clínicas urbanas y rurales, casas de la asegurada (cuyo objetivo era vigilar la salud física, la recreación y la economía doméstica de las familias afiliadas) y misiones médico sociales. Dio comienzo, en el Distrito Federal, al sistema de Médico Familiar, en el que se auxiliaba a los doctores familiares con programas de capacitación e investigación y con personal de apoyo: trabajadoras sociales, enfermeras, especialistas en pediatría y similares. Asimismo, inició la construcción de un parque deportivo para trabajadores y promovió el teatro popular. Fue también presidente del Comité Permanente de Seguridad Social Interamericano de 1955 a 1959.

Ortiz Mena elaboró el programa de Política Económica Nacional, para el candidato presidencial Adolfo López Mateos, en el que anticipó lo que poco más tarde guiaría su conducta al frente de las finanzas nacionales: “Sin perjuicio de seguir haciendo esfuerzos por mantener el equilibrio de la cuenta pública cuando convenga, el presupuesto anual de egresos del gobierno federal debe responder fundamentalmente a la necesidad de que el Estado coadyuve a la solución de problemas económicos y sociales de gran importancia nacional”.

Ya presidente de la República, Adolfo López Mateos, lo designó secretario de Hacienda en 1958, cargo que ocupó también en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). Ortiz Mena fue el principal artífice de la política económica que ha sido conocida como “el desarrollo estabilizador”, a la que definió de la siguiente manera (El desarrollo Estabilizador, Reflexiones sobre una época): “el esquema de crecimiento que conjuga la creación de un ahorro voluntario creciente y la adecuada asignación de los recursos de inversión con el fin de reforzar los efectos estabilizadores de la expansión económica en vez de los desestabilizadores que conducen a ciclos recurrentes de inflación-devaluación.” Conforme a esa política se formuló que “el Estado tiene la responsabilidad, conforme a las leyes básicas de la nación, de promover y encauzar el desarrollo económico”, con el propósito de “aumentar los salarios reales” y “mejorar la participación de los asalariados en el ingreso nacional disponible.”

Según esa concepción, el desarrollo económico consistía “en el aumento sostenido del volumen de producción por hombre ocupado; presupone básicamente un incremento en la dotación de capital que haga viable mejorar la productividad y el ingreso real de la fuerza de trabajo y mantener tasas adecuadas de utilidad”. De modo que desde el inicio de la administración de López Mateos la política económica dirigida por Ortiz Mena buscó cumplir con dos objetivos prioritarios: mantener la estabilidad monetaria, pero sin que ello significara descuidar el fomento al crecimiento económico del país; el segundo se refería a conservar la estabilidad en los precios.

Para la consecución del primero se limitaron las importaciones a través de un control estricto sobre las compras en el exterior, tanto privadas como del Estado; también se fomentó la sustitución de importaciones. Respecto a las exportaciones, se incrementaron las de bienes y servicios.

El cumplimiento del otro objetivo implicó una política de control del gasto público y una reestructuración administrativa que permitió aprovechar mejor los recursos financieros disponibles, así se redujo el déficit de varias empresas estatales, entre ellas Pemex, Ferrocarriles Nacionales, Comisión Federal de Electricidad y CEIMSA (después Conasupo), se elevaron los precios de petróleo y el diesel para equilibrar las cuentas de Pemex, se incrementaron las tarifas ferroviarias y de electricidad y se redujeron los subsidios agrícolas para disminuir el déficit público. Por otra parte, las inversiones públicas se orientaron hacia sectores como la producción de alimentos y de insumos básicos; además se buscó establecer el control de precios por medio de la acción administrativa gubernamental.

Para Ortiz Mena: “Los déficit fiscales debían ser compatibles con la capacidad de endeudamiento de la economía y financiables mediante fuentes no inflacionarias” para conseguir el crecimiento económico acelerado con estabilidad de precios. Así, durante su paso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el déficit del gobierno pasó de 0.41% del PIB en 1958, a 1.57% en 1960 y a 1.84% en 1970; asimismo, el déficit agregado del sector público fue de 2.7% del PIB en 1960 y 3.8% en 1970.

Miguel Ángel Granados Chapa (Plaza Pública) resalta que a diferencia del modelo neoliberal, obsesionado con el equilibrio fiscal: “Ortiz Mena jamás dudó en desactivar una recesión con políticas fiscales expansivas, como en 1958 cuando se ‘incrementó sustancialmente el gasto público con el objetivo de evitar una recesión’. Cuando se hizo necesario, el déficit fiscal aumentó (a 4.6% del PIB en 1964), pero se redujo tan pronto fue posible sin contraer el producto nacional. En promedio, en 12 años de desarrollo estabilizador, el déficit público fue 2.6% del PIB.” Se podía incurrir en déficit observando siempre el principio de que la transferencia de recursos privados hacia el sector público se destinara a inversión y nunca a gasto corriente.

Con ello la situación económica se volvió más estable, se logró dar equilibrio a la balanza de pagos, se detuvo hasta cierto punto el costo de la vida, y en materia de deuda externa, en 1961 se liquidaron los adeudos originados por la revolución; en 1962 se cubrió anticipadamente el último abono derivado de la expropiación petrolera. Para 1970 la deuda externa sólo llegaba a 3 mil 200 millones de dólares, el 9.2% del PIB.

Por otra parte, Ortiz Mena llevó a cabo una política de mexicanización, por la cual la inversión extranjera debía ser minoritaria en relación con el capital nacional y el capital extranjero debía ser sustituido por capital nacional en sectores estratégicos de la economía. 

Así, se mexicanizaron las empresas mineras Peñoles y American Smelting, que se convirtió en Industrial Minero México; San Luís “Mains”,  en Grupo Minero San Luís. Asimismo, Pan American Sulphur y Azufrera Panamericana, junto con varias empresas de fertilizantes, constituyeron FERTIMEX. Siderurgia, empresa extranjera, se adquirió y fusionó con Altos Hornos. Del mismo modo, con la adquisición de la American Foren Power, la American Bond and Cheer  y la Compañía de Luz y Fuerza, quedó consumada el 27 de septiembre de 1960, la nacionalización de la industria eléctrica. También la banca y los seguros se mexicanizaron: se reservaron exclusivamente para inversionistas mexicanos.

En materia petrolera se capitalizó a PEMEX y se reservó para el Estado la Petroquímica Básica; y en las ramas secundarias se otorgaron concesiones a empresas privadas que tuvieran un mínimo de 60 por ciento de capital nacional.

En materia agropecuaria se constituyó el Banco Nacional Agropecuario con funciones exclusivas de crédito, y la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera. Así, la producción agropecuaria creció en términos reales a un promedio de 3.2 por ciento anual, y el ingreso per cápita de los campesinos, a una tasa anual del 2.2 por ciento, lo cual permitió pasar de ser país importador a exportador de maíz, fríjol y trigo.

En el ramo del turismo, en el Banco de México se constituyó un fideicomiso para iniciar el desarrollo de lugares como Puerto Escondido, Huatulco, Ixtapa y Cancún, inclusive con créditos del Banco Mundial.

Con base en su experiencia en los sistemas de seguridad social, en 1960, ya desde la Secretaría de Hacienda impulsó y participó en la creación y organización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE.

Escribe Miguel Ángel Granados Chapa (Plaza Pública): “Políticamente conservador (y aun autoritario, como se aprecia en sus juicios sobre el comienzo del gobierno de López Mateos y de 1968, en que atribuye la agitación social de entonces a conspiraciones del Partido Comunista), su ejercicio financiero fue progresista, basado en una visión amplia de la vida mexicana. Así lo muestran los ocho puntos en que hizo descansar la política económica nacional en 1958, el primero de los cuales consistía en elevar el nivel de vida de la población, "sobre todo de los campesinos, obreros y ciertos sectores de la clase media".

Pese a las desigualdades económicas que se propiciaron en el periodo, los números que entregó Ortiz Mena tras dos sexenios de desarrollo estabilizador fueron buenos: cuando terminó el sexenio de Díaz Ordaz, el PIB de México creció a una tasa media de 6.8% anual y el PIB per cápita a una tasa de 3.4% anual; la inflación había sido únicamente del 2.6 por ciento; el tipo de cambio permaneció al mismo nivel de 1954: 12.50 pesos por dólar; el aumento salarial fue de 6% en términos reales; el poder adquisitivo de los salarios mínimos se incrementó 105.9%, pues los salarios mínimos se aumentaron a tasas siempre mayores que la suma de las tasas de inflación y de incremento de la productividad; y el producto per cápita pasó de 300 dólares en 1958 a 700 en 1970.

Esta estrategia económica basada en un relevante papel del Estado en el desarrollo económico fue iniciada por los gobiernos revolucionarios y se consolidó en el contexto de un consenso internacional favorable a la intervención gubernamental en la economía, después de que la Gran Depresión puso en duda la eficacia del capitalismo de laissez-faire para restablecer automáticamente el equilibrio y superar la desocupación masiva desencadenada por la crisis de 1929. Pero como ha resaltado José Luis Calva no fue la aplicación de medidas dictadas por organismos financieros internacionales: la introducción y prolongada aplicación en México de una estrategia económica basada en la regulación del comercio exterior y en un relevante intervencionismo gubernamental en la promoción del desarrollo, no ocurrió como resultado de la sumisión a presiones externas ni por obra de una imitación acrítica. Fue un proyecto original anterior al pensamiento de Keynes y reconocido por economistas destacados como Raúl Prebisch.

Así, para Ortiz Mena: "El Estado ha sido eficaz en la creación de la infraestructura básica, en el sentido lato del término, para promover las economías externas y elevar la productividad del capital y del trabajo asalariado. Pero en la etapa futura el Estado no sólo seguirá teniendo esa obligación sino, además, la de crear las condiciones generales para que la juventud pueda obtener educación y capacidad de desenvolvimiento, y que los sectores populares que se han rezagado encuentren condiciones propicias al aumento de la productividad y obtengan una proporción más equitativa del ingreso nacional".

Sin embargo, específicamente el desarrollo estabilizador dejó un legado de endeudamiento creciente, una estructura impositiva cada vez más regresiva (impactando sobre todo a trabajadores y empleados), un exagerado proteccionismo a la industria que produjo altas ganancias y un debilitamiento gradual de las finanzas públicas, subsidios crecientes y una estructura oligopólica de los mercados, así como una falta de impulso a los mercados de capitales domésticos y un muy escaso dinamismo de la Bolsa mexicana por títulos privados. Además se agudizaron numerosos problemas estructurales como el atraso de la agricultura, la falta de planificación del desarrollo regional industrial. Pero la crítica más grande al desarrollo estabilizador fue que empeoró la distribución del ingreso y nunca logró que los beneficios de un mayor crecimiento económico llegaran a las clases más necesitadas. Luís Echeverría lo reemplazó con el modelo de "desarrollo compartido", que precisamente buscó enmendar estos defectos.

También como secretario de Hacienda, propuso usar los medios electrónicos en beneficio de la sociedad: “Al terminar los juegos olímpicos, el presidente Díaz Ordaz me dijo que los acontecimientos habían confirmado la importancia de los medios electrónicos de comunicación masiva… Me pidió que elaborara alguna propuesta para lograr su mejor aprovechamiento en beneficio del país. El presidente buscaba una regulación efectiva de los medios, aunque estuvo de acuerdo en que no se convirtieran en empresas controladas por el Estado. Me di a la tarea de estudiar los esquemas vigentes en otros países... Le propuse entonces una estrategia por la cual el Estado pudiera definir el uso de ciertos espacios en la radio y la televisión, como sucedía en los Estados Unidos y en algunos países de Europa”. Al efecto, incluyó en el presupuesto de ingresos de 1969 un impuesto de 25% sobre los ingresos brutos de las empresas de radio y televisión con la intención de negociarlo para finalmente llegar “a un acuerdo por el cual estos últimos cedían 12.5% del tiempo de transmisión al Estado. La idea era utilizar esos espacios para programas que llevaran un beneficio a la sociedad… Existía un potencial muy importante en los campos educativo, cultural y en salubridad y en cuanto a la amplia difusión de los asuntos políticos que se podía lograr vía la televisión... Desafortunadamente, el proyecto no se consolidó, y el tiempo del Estado se utilizó para difundir tesis gubernamentales o programas de poco interés y de reducido beneficio para la sociedad”. (En el año de 2002, el presidente Fox suprimió ese 12.5% en beneficio de los concesionarios privados).

Ortiz Mena también se desempeñó como funcionario en organismos internacionales: fue gobernador del Fondo Monetario Internacional entre 1959 y 1970, en éste último año algunos lo vieron como un precandidato presidencial viable para el sexenio 1970-1976, por el Partido Revolucionario Institucional, pero al final perdió con Luís Echeverría Álvarez, pese a su fuerte apoyo del mundo financiero de Estados Unidos. En su libro citado, el propio Ortiz Mena confiesa que anteriormente, dos veces se negó a participar en la sucesión presidencial: con Adolfo López Mateos a cambio de amplios poderes en el manejo de las finanzas y la economía a su cargo; y también cuando pactó con Gustavo Díaz Ordaz, el otro precandidato, que finalmente resultó triunfador, su colaboración y respeto mutuos.

En 1971 se convirtió en presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, institución creada a propuesta de México en 1960 cuando era secretario de Hacienda el propio Ortiz Mena, cargo que desempeñó hasta 1987, cuando presentó su renuncia a pesar de que había sido reelegido para el periodo que concluía en 1991. Durante su gestión, en 1974 tuvo lugar la Declaración de Madrid, que condujo a la modificación de las actas de constitutivas del BID para permitir la incorporación de países de fuera del hemisferio occidental, lo que significó un aumento relevante de los recursos financieros disponibles para financiar las operaciones del BID.

En 1988 fue designado director general de BANAMEX.

Recibió honores y premios de los gobiernos de Alemania, Bélgica, Brasil, Chile, Francia, Italia y los Países Bajos. También fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de las Américas.

En febrero de 1993, siendo director de Banamex, en una de sus últimas actividades políticas, Ortiz Mena celebró en su casa una reunión para recabar fondos para la próxima campaña presidencial del PRI, a la que asistieron el entonces presidente Salinas y grandes millonarios como Emilio Azcárraga Milmo, Roberto Hernández, Carlos Hank Rhon, Alfonso Romo, Jorge Martínez Güitrón, Lorenzo Zambrano, Alberto Bailleres, Raymundo Gómez Flores, Gilberto Borja, Bernardo Garza Sada, Carlos Slim, Alfredo Harp, Angel Losada, Jerónimo Arango y Roberto González Barrera, entonces todavía simpatizantes del partido oficial.

En 1999, el Fondo de Cultura Económica editó su libro “El desarrollo estabilizador. Reflexiones sobre una época”

En 2006 fue propuesto por el PAN en el Senado para recibir la medalla Belisario Domínguez.

Falleció en la Ciudad de México, la noche del 12 de marzo de 2007, a los 99 años de edad, como consecuencia de una complicación pulmonar, tras permanecer hospitalizado por casi dos semanas debido a una caída que sufrió en su casa. Fue cremado en el Panteón Francés.

Al día siguiente, los diputados de la LXI Legislatura guardaron un minuto de silencio por su muerte.

Según José Luís Calva: "Cuando hablamos de Antonio Ortiz Mena nos estamos refiriendo probablemente al mejor secretario de Hacienda en la historia del último siglo mexicano. O cuando menos a uno de los grandes secretarios, quizá el otro sea Alberto J. Pani... ¿Cómo caracterizar la visión que Ortiz Mena tenía de la economía?...Pueden enumerarse cuatro características generales: estabilidad de la macroeconomía, no sólo financiera sino sobre todo de variables como producción y empleo. Desarrollo del mercado interno y abatimiento de la desigualdad social. Tercera, política promotora de la industrialización (la conocida sustitución de importaciones), de la actividad agrícola (el país era autosuficiente y exportaba alimentos). Y, cuarto, junto con Rodrigo Gómez en el Banco de México, una regulación del sistema financiero que promovía el financiamiento de la actividad productiva. También Ortiz Mena fue quien introdujo los impuestos progresivos sobre el ingreso”.

En el año de 2009, Antonio Ortiz Mena recibirá después de muerto la Medalla Belisario Domínguez otorgada por el Senado de la Republica.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.

Efeméride: Nacimiento 16 de abril de 1907. Muerte: 12 de marzo de 2007.