1854-1928

Nació el 24 de febrero de 1854 en Pajacuarán, Michoacán. De firmes convicciones católicas, hizo estudios como seminarista en Zamora; luego pasó al Colegio Pío Latino de Roma, donde después se consagró en derecho canónico y doctor en teología y derecho. Siguió una trayectoria siempre ascendente dentro del sacerdocio: en diciembre de 1877 fue ordenado sacerdote en la ciudad de México.

El 19 de marzo de 1893 fue consagrado primer obispo de Tehuantepec y trasladado con el mismo cargo a Tulancingo el 23 de noviembre de 1901; posteriormente, fue transferido a León el 15 de septiembre de 1907, de donde ascendió a la arquidiócesis de México el 27 de noviembre de 1908.

Permaneció en ese cargo durante la revolución maderista. Después apoyó el derrocamiento de Madero: En el templo de la Profesa participó en una reunión  con el embajador norteamericano Wilson, León de la Barra, Alberto García Granados y Victoriano Huerta, “para buscar la forma de acabar con el gobierno de Madero”. (Taracena Alfonso. La verdadera Revolución Mexicana). Consumado el golpe apoyó la dictadura de Huerta. Al proclamarse la Constitución de 1917, que no otorgaba personalidad jurídica a las iglesias, prohibía la participación del clero en la política, su derecho a poseer bienes raíces, así como el culto público fuera de las dependencias eclesiásticas, Mora y del Río, además de los arzobispos de Michoacán, Yucatán, Linares y Antequera y todos los obispos de la República publicaron una protesta que decía en su primer párrafo: “El Código de 1917 hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia católica, de la Sociedad mexicana y los individuales de los cristianos, proclama principios contrarios a la verdad enseñada por Jesucristo, la cual forma el tesoro de la Iglesia y el mejor patrimonio de la humanidad; y arranca de cuajo los pocos derechos que la Constitución de 1857 (admitida en sus principios esenciales como ley fundamental por todos los mexicanos) reconoció a la Iglesia como sociedad y a los católicos como individuos”.

La oposición del clero a la Constitución de 1917, continuó durante los años siguientes y el conflicto entre la iglesia católica y el gobierno se fue agravando. En 1921 estalló un petardo en la casa de Mora y del Río; más tarde flotó la bandera rojinegra en las catedrales de México y Morelia, y estallaron bombas en el arzobispado de Guadalajara y en la Basílica de Guadalupe.

La oposición del clero a la Constitución de 1917 era compartida por las empresas petroleras norteamericanas que veían amenazados sus intereses por el artículo 27 de la nueva Constitución, de modo que no fueron ajenas al movimiento religioso católico, propiciaron que éste se vinculara con organizaciones católicas radicales estadounidenses, lo estimularon y cuando ya no les fue útil, intervinieron en su solución mediante el embajador Morrow.

En 1921 se inició un movimiento para erigir un monumento a Cristo Rey en el cerro del Cubilete, cerca de la ciudad de León, Guanajuato. El arzobispo Mora y del Río, señaló que el monumento "entroniza al Sagrado Corazón de Jesús sobre toda la República", lo que significaba proclamar la ascendencia temporal de la religión católica en México. Se colocó la primera piedra el 11 de enero de 1923 y el nuncio apostólico, monseñor Ernesto Filippi, ofició en el acto. El gobierno consideró la ceremonia no sólo un acto de culto externo prohibido por la ley, sino de desobediencia a las autoridades, por lo que ordenó suspender la construcción del monumento y la expulsión de monseñor Filippi por "extranjero pernicioso".

El periódico católico El Obrero de Guadalajara, inició una campaña para adoptar el grito de batalla "¡Viva Cristo Rey!" Sin embargo, el gobierno, al igual que el Vaticano, no emitió ninguna declaración al respecto.

En octubre de 1924 se realizó un Congreso Eucarístico en la capital mexicana, en el que los obispos consagraron la ciudad al Sagrado Corazón de Jesús. Pero debido a que Obregón había ordenado al procurador la consignación del Congreso Eucarístico por violar a la Constitución, el congreso terminó sin la anunciada peregrinación a la basílica de Guadalupe.

El 7 de febrero de 1925, Mora y del Río es consignado por el procurador del Estado de Veracruz por violar la Constitución al ser recibido con arcos triunfales en San Andrés Tuxtla. El día 21 de febrero siguiente, se creó, con apoyo de la CROM, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, que como una institución independiente del Vaticano, se apoderó de la iglesia de La Soledad en ciudad de México, templo que después de una trifulca entre papistas y cismáticos fue cerrado para ser convertido en biblioteca pública. Asimismo, en Tabasco, el gobernador Tomás Garrido Canabal puso en vigor un decreto que obligaba a los sacerdotes a casarse para poder oficiar, y en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros.

En reacción a estas acciones, grupos de católicos, principalmente de la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos ACJM, alentados por parte del clero, formaron la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa el 17 de marzo de 1925, que pretendía obtener la libertad religiosa por medios legales; como fue declarada ilegal, operó clandestinamente. Difundía que los ataques del gobierno a la iglesia católica —y a las propiedades petroleras— eran parte de un complot bolchevique mundial. La idea era provocar la intervención norteamericana en auxilio de las compañías petroleras, cuyo resultado final sería el derrocamiento de Calles y la defensa de la Iglesia en México.

En respuesta, en entidades como Tabasco, Chiapas y Jalisco se prohibió el culto católico. A su vez, en varias iglesias del país se suspendió el culto, en "señal de duelo" ante las prohibiciones.

El 4 de febrero de 1926 el diario El Universal publicó la siguiente declaración de Mora y del Río: “La doctrina de la Iglesia es invariable, porque es la verdad divinamente revelada. La protesta que los prelados mexicanos formulamos contra la Constitución de 1917 en los artículos que se oponen a la libertad y dogmas religiosos, se mantiene firme. No ha sido modificada sino robustecida, porque deriva de la doctrina de la Iglesia. La información que publicó El Universal de fecha 27 de enero en el sentido de que emprenderá una campaña contra las leyes injustas y contrarias al Derecho Natural, es perfectamente cierta. El Episcopado, clero y católicos, no reconocemos y combatiremos los artículos 3o., 5o., 27 y 130 de la Constitución vigente. Este criterio no podemos, por ningún motivo, variarlo sin hacer traición a nuestra Fe y a nuestra Religión”.

El día 8 siguiente fue reproducido de modo íntegro el documento publicado en 1917. El secretario de Gobernación, Elías Calles contestó consignando al arzobispo ante la Procuraduría General de Justicia. Mora y del Río fue detenido. Se procedió también a la clausura de algunos templos y centros religiosos, así como a la expulsión de sacerdotes extranjeros. A continuación Calles ordenó la expulsión de Jorge José Caruna, delegado apostólico.

Calles consideró las declaraciones del Arzobispo Mora como una ofensa y un reto al gobierno e invitó al Congreso a reglamentar el artículo 130. La reglamentación de este artículo, la Ley de Cultos, fue conocida como la Ley Calles, que mandaba la clausura de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros, y se limitaba el número de los nacionales a uno por cada seis mil habitantes. Los sacerdotes debían registrarse ante las autoridades municipales, quienes estaban facultadas para otorgar las licencias para ejercer. Asimismo, se sancionaba todo tipo de educación religiosa. El Gobierno no quería cerrar las iglesias, lo que pretendía era que sus bienes fueran inventariados y custodiados por las juntas de vecinos, lo que no le pareció a los obispos, quienes lanzaron excomunión a todo aquel que colaborara con este fin.

La Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa respondió el 14 de julio de 1926 con un bloqueo que pretendía la “paralización de la vida social y económica”; al efecto convocó a sólo comprar lo indispensable, no asistir a diversiones, no concurrir a escuelas laicas, minimizar el consumo de productos ofrecidos por el Gobierno, no comprar lotería, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina, entre otras medidas.

El 25 de julio siguiente, después de haber consultado al papa Pío XI y de haber obtenido su aprobación, el Episcopado decidió suspender en todos los templos del país “el culto público que exija la intervención del sacerdote” como forma de protesta a partir del 31 de julio de 1926, día anterior al que entraría en vigor la “Ley Calles”. Además, los obispos ordenaron a sus feligreses retirar a sus hijos de las escuelas públicas, y apoyar el bloqueo económico social declarado por la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. El Papa Pío XI autorizó a los sacerdotes llevar a cabo una liturgia breve para la misa y celebrar en cualquier lugar y aún sin vestimentas litúrgicas.

El conflicto afloró con declaraciones, desplegados, publicaciones, marchas y hasta un debate en el Teatro Iris entre secretarios de Estado y miembros de la Liga. Después siguieron rumores de un levantamiento y diversas aprehensiones. El Episcopado rechazó toda acusación de rebelión

El 7 de septiembre Mora y del Río, en su carácter de presidente del Comité Episcopal, se dirigió a la Cámara de Diputados, apoyado con dos millones de firmas, solicitando la reforma de los artículos constitucionales que impugnaba, pero su instancia fue rechazada el día 21 por mayoría de votos.

Al fracasar el bloqueo económico social, la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa recurrió a las armas, desencadenando la sangrienta rebelión cristera el 1° de enero de 1927, frente a la cual la jerarquía eclesiástica mantuvo una posición ambigua. La “cristiada” fue encabezada por el ex general federal Enrique Gorostieta, hijo del abogado del mismo nombre que fue ministro de Hacienda de Victoriano Huerta.

El arzobispo Mora y del Río fue desterrado, en compañía de arzobispos, obispos y religiosas, el 21 de abril de 1927. Murió en el exilio, en el San Antonio, Texas, EUA, el 22 de abril de 1928.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.

Efeméride. Nacimiento 24 de febrero de 1854. Muerte 22 de abril de 1928.